Altos asesores del presidente impulsan planes para derrocar al mandatario venezolano y tomar infraestructuras energéticas
El gobierno de Donald Trump ha desarrollado una serie de opciones para una posible acción militar en Venezuela, que van desde ataques a unidades que protegen a Nicolás Maduro hasta la toma de campos petroleros, confirmaron funcionarios estadunidenses, informó el diario El Nacional.
Aunque Trump no ha tomado una decisión definitiva, sus asesores más cercanos -entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el consejero Stephen Miller- presionan por medidas más agresivas con el objetivo de forzar la salida de Maduro, de acuerdo con el diario The New York Times.
Entre las propuestas en discusión figuran tres escenarios. El primero contempla ataques aéreos contra instalaciones militares venezolanas vinculadas presuntamente al narcotráfico, para debilitar el apoyo castrense a Maduro.
El segundo plantea operaciones especiales para capturar o eliminar al mandatario, bajo el argumento de que encabeza una organización narcoterrorista, lo que el Departamento de Justicia busca sustentar legalmente.
Mientras que la tercera opción, la más compleja, implicaría tomar el control de aeródromos y campos petroleros estratégicos, lo que supondría un despliegue terrestre de alto riesgo.
Trump ha manifestado reservas sobre cualquier operación que ponga en peligro a soldados estadunidenses o derive en un fracaso político. Sin embargo, el despliegue militar estadunidense en el Caribe se ha intensificado en los últimos meses.
El portaaviones USS Gerald R. Ford, con más de 5,000 tripulantes y 75 aeronaves de combate, se dirige a la región. Ya operan cerca de 10,000 militares estadounidenses entre bases en Puerto Rico y buques de guerra en el área.
El Pentágono ha efectuado vuelos de bombarderos B-52 y B-1 cerca de la costa venezolana y maniobras del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, en lo que funcionarios describen como una campaña de presión psicológica sobre el gobierno de Maduro.
Simultáneamente, Trump autorizó a la CIA a planificar operaciones encubiertas en Venezuela, desde acciones de inteligencia y sabotaje hasta intentos de crear oposición interna, aunque sin garantías de éxito.
El Departamento de Justicia trabaja en directrices jurídicas que permitan justificar la intervención sin requerir aprobación del Congreso, apelando a la designación de Maduro como jefe del Cartel de los Soles, calificado por Washington como grupo narcoterrorista.
La Casa Blanca ya amplió las facultades presidenciales para ataques con drones contra presuntos narcotraficantes, lo que generó críticas bipartidistas en el Congreso por la falta de transparencia y control legislativo.
Trump ha expresado interés en las reservas petroleras venezolanas, las mayores del mundo, y ha preguntado a sus asesores qué obtendría Estados Unidos a cambio de una intervención.
Aunque Maduro ofreció concesiones a empresas estadounidenses, incluida una participación dominante en el sector energético, Trump rechazó la propuesta y aceleró el despliegue militar.
En medio de la tensión, Chevron sigue siendo la única petrolera estadunidense con operaciones activas en Venezuela, amparada por una licencia especial renovada por la administración Trump.
La empresa ha mantenido un perfil bajo y asegura que su presencia “es una fuerza estabilizadora para la economía local y la seguridad energética de Estados Unidos”.