BAC ACOSADOR
Me mandaron a decir abogados amigos que interponer una demanda contra BAC Credomatic por acosar al periodista Olaciregui, es una pérdida de tiempo, porque no prosperaría en las instancias de rigor. Dicen que el gerente de ese banco, un Chiari, hijo de Popito -íntimo de Noriega-, estaría actuando en sintonía con el Tortugón-Cachaza por las revelaciones de los Varelaleaks. Aseguran que por allí es que debe interpretarse el cierre de la cuenta a Olaciregui. El paso de Chiari, por el Banco Continental y el Banco Panamá, da una pista adicional de quienes más estarían detrás. Sería interesante iniciar una investigación sobre los manejos de esa institución colombiana del Grupo Aval.
BALANCE
Dicen que en fiestas patrias unos 112,000 vehículos salieron de la capital hacia el interior del país, en medio de un amplio operativo para facilitar el desplazamiento y evitar, en lo posible, accidentes de tránsito. Sin embargo, se registraron 347 accidentes, siete víctimas fatales y cinco con diversas lesiones, además de imponer 4,200 infracciones por exceso de velocidad, desatender señales y conducir bajo efectos del alcohol. Dicen las autoridades que persiste la imprudencia, pese a los llamados a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad y evitar manejar bajo efectos del alcohol.
TURISMO INTERNO
Dicen que el largo feriado significó una bonanza para para los hoteles, alquileres de casas y apartamentos y para los restaurantes del interior del país. Pero los consumidores nos mandan a decir que fueron abusivos los aumentos de precios en los hospedajes, alquileres y venta de comidas, en algunos casos hasta 150% de incremento, con lo que ahuyentan a los visitantes. Fue tal el abuso que habitaciones en Punta Chame cuyas tarifas regulares son de $110 por noche, llegaron a costar $250 por noche. Lo mismo se produjo en El Valle, en Azuero y en las tierras altas chiricanas. Lo lamentable de todo eso, es la indefensión en la que se encuentran los consumidores.
RÍO INDIO
Dice la gente del Canal que la convocatoria para la licitación del nuevo lago de Río Indio será a inicios del 2027, cuyo costo se estima en $1,500 millones. En ese total se incluye la inversión social para reubicar las 2,500 personas, unas 550 familias, que viven en el área de 4,700 hectáreas que serán inundadas por el proyecto. Aseguran que los trabajos se prolongarán por cuatro años, garantizando el agua para el Canal y para consumo humano por los próximos 50 años.
TURNO DE GABY
Dicen que la justicia llega tarde, pero cuando lo hace, parece hacerlo con espectáculo. La Contraloría ha ordenado el secuestro de bienes de Gaby Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado. Hasta ahora, ni la cuantía de los bienes ni los detalles precisos de la medida han sido revelados, dejando más preguntas que respuestas sobre el alcance real de la acción. No es la primera vez que un alto dirigente del PRD se encuentra bajo pesquisas. Esta el caso de Meneses, el exjefe del Ifarhu. También el Ministerio Público mantiene abiertas dos causas adicionales contra Gaby por presuntas irregularidades durante su gestión. La sombra de la impunidad y la falta de transparencia, en torno a los procesos, generan la sensación de que estamos ante escenas teatrales, más que acciones efectivas, que no responden a la justicia sino a políticas de altos vuelos.
LIMITACIÓN A SCAFID
También sobre la Contraloría, dicen que la transparencia es un principio fundamental en la gestión pública, pero la Contraloría parece haberlo olvidado. La reciente limitación al acceso del Scafid convierte lo que antes era un derecho, en un privilegio controlado. Ahora, registrarse con nombre, cédula y correo electrónico y enfrentar hasta una decena de consultas diarias es la nueva seguridad digital, justificación que la institución brinda sin presentar evidencia de supuestos ataques cibernéticos. Lo irónico es que la misma Contraloría, que promovía el Scafid como herramienta clave para una gestión más ágil y transparente, ahora restringe su uso, obstaculizando la fiscalización ciudadana y generando dudas sobre su compromiso con la Ley de Transparencia del 2002. Nadie sabe cuándo volverá a estar disponible el acceso completo, y los ciudadanos deben conformarse con un sistema limitado que parece más un control que un servicio público.
IMPRUDENTE MAYER
Me comentan que la prudencia debería ser un requisito básico para quien ocupa un cargo público, pero el díscolo Mayer parece desconocer esa regla. Tras las críticas del alcalde de Colón, sobre el incumplimiento de impuestos por parte de empresarios locales, Mayer no dudó en intervenir con comentarios que la alcaldesa de San Miguelito, calificó de “imprudentes”. Con una mezcla de firmeza y diplomacia, recordó que meterse en los asuntos de otros municipios no solo es inoportuno, sino que puede generar tensiones innecesarias entre autoridades que deberían enfocarse en sus propias responsabilidades. Lo preocupante no es solo la falta de discreción, sino que este tipo de actitudes refleja una tendencia a politizar los problemas locales en lugar de buscar soluciones conjuntas. La advertencia de la alcaldesa de San Miguelito, lejos de ser un simple comentario, es un llamado a la sensatez, gobernar requiere más acción y menos confrontación.