Mientras activistas y abogados insisten en mantener viva la batalla legal contra la medida del gobierno de Trump
Desde la medianoche de este viernes, un cuarto de millón de venezolanos en Estados Unidos pierde el Estatus de Protección Temporal (TPS), el amparo migratorio que desde el 2021 les permitía evitar la deportación y acceder a permisos de trabajo, informó la agencia EFE.
En total, unos 600,000 migrantes quedarán expuestos a la detención y expulsión inmediata, en lo que constituye la mayor revocación del TPS en la historia del programa.
“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice Oriana, una inmigrante venezolana de 38 años, madre de una adolescente.
Tras más de cinco años viviendo en Florida, decidió mudarse a otro estado luego de que el gobierno del presidente Donald Trump pusiera fin al amparo concedido por su antecesor.
Oriana cuenta que ya dejó de usar su permiso de trabajo y que, al perder su estatus legal, planea desconectarse del sistema y empezar una nueva vida en la clandestinidad, aunque sin salir de Estados Unidos.
A pesar del golpe, muchos migrantes mantienen viva la esperanza. “Con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes, pero aprendí que no hay que perder la fe”, dice Oriana.
Esa determinación es la que respalda José Palma, coordinador de la Alianza TPS, coalición que encabeza una demanda contra el gobierno de Trump para mantener la protección vigente.
“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, aseguró el activista, quien recordó que el caso aún se encuentra ante el Noveno Circuito de Apelaciones, donde un panel judicial escuchará los argumentos de ambas partes.
Palma no descarta que el caso vuelva al Supremo, recordando que durante el primer mandato de Trump ya se libró una batalla similar contra la cancelación del TPS para seis países, la mayoría centroamericanos. “Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, afirma.
De acuerdo con el abogado de inmigración Fernando Romo, asesor jurídico de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), los venezolanos con órdenes previas de deportación son los que corren mayor riesgo de ser detenidos.
“El TPS suspende esas órdenes, pero al perder la protección se reactivan y los migrantes pueden ser buscados por agentes de inmigración”, explicó Romo, quien añadió que aún existen otras opciones legales, como la solicitud de asilo, aunque advierte que son procesos complejos y difíciles de ganar.
Mientras tanto, la meta del presidente Trump de deportar a un millón de personas en un año se cierne sobre miles de familias venezolanas que enfrentan un futuro incierto, entre la esperanza judicial y el miedo a la deportación, la comunidad migrante se prepara para una nueva etapa marcada por la incertidumbre y la resistencia.