Un memorándum filtrado del gobierno trinitense ordena la detención de todos los extranjeros indocumentados y plantea una posible deportación masiva
Cuando la venezolana Julie Ramírez huyó de su país en el 2016 para escapar de la persecución política, creyó haber encontrado en Trinidad y Tobago un refugio seguro. Casi una década después, esta mujer de 70 años, que trabaja como cuidadora, vuelve a vivir con miedo, ahora teme ser deportada, informó la agencia EFE.
“La ansiedad se ha apoderado de todos nosotros”, confiesa mientras el miedo se extiende entre la comunidad venezolana tras la filtración de un memorándum oficial, fechado el 27 de octubre, en el que el Ministerio de Seguridad Nacional ordena la detención de todos los inmigrantes indocumentados hasta su repatriación.
Desde la divulgación del texto, los migrantes han denunciado un aumento de la presencia policial en las calles, en medio del estado de emergencia vigente desde el 18 de julio, decretado tras la supuesta detección de una red criminal que planeaba atentar contra altos funcionarios.
Esta medida, prorrogada dos veces, amplía los poderes de la Policía y las Fuerzas de Defensa, permitiéndoles realizar detenciones y registros sin orden judicial.
“Estamos aterrorizados. Ni siquiera podemos tomar un taxi sin preguntarnos si nos arrestarán”, relata Teresa Fernández, maestra venezolana residente en Chaguanas, cuyo permiso de trabajo expira el próximo mes.
En la misma ciudad, agentes detuvieron recientemente un taxi con varios venezolanos a bordo, lo que ha incrementado el pánico entre quienes dependen del transporte público.
La situación de los migrantes se agrava por las dificultades para renovar sus permisos de residencia y trabajo. Según Angie Ramnarine, coordinadora del Grupo de Apoyo a Migrantes de La Romaine, la Oficina de Inmigración de San Fernando estuvo cerrada durante semanas, impidiendo a muchos regularizar su estatus.
“Tomarse un tiempo libre para renovar los documentos era prácticamente imposible. Muchos simplemente dejaron que sus papeles caducaran”, lamenta Ramnarine.
El gobierno de Kamla Persad-Bissessar anunció que solo renovará 727 de las 4,237 solicitudes activas, mientras los permisos actuales expiran el 31 de diciembre del 2025, dejando a miles en riesgo de deportación.
Las tensiones diplomáticas entre Caracas y Puerto España también han contribuido a un clima hostil. La reciente llegada del destructor estadounidense USS Gravely a Trinidad, como parte de una operación militar en el Caribe, desató la ira del presidente Nicolás Maduro, quien instó al pueblo trinitense a impedir que Estados Unidos meta una guerra en el Caribe.
Para muchos venezolanos, volver a su país no es una opción. “Temo que me maten”, afirma Julie Ramírez, recordando cómo su cafetería fue destruida por grupos chavistas antes de huir con su esposo.
El trabajador David Rojas, operador de maquinaria pesada, comparte la misma angustia: “He construido una nueva vida aquí. Pero todo puede desaparecer de la noche a la mañana”.
En Trinidad y Tobago, hogar de más de 30,000 venezolanos, el miedo se ha vuelto cotidiano. “Vivimos con el corazón en la mano. No sabemos si mañana podremos seguir aquí”, resume Ramírez, mirando al horizonte de la isla que una vez creyó su refugio, y que hoy se ha convertido en una nueva frontera de incertidumbre.