Irving Muñoz, presidente de CONAPOL, analiza la criminalidad, la percepción ciudadana y los desafíos estructurales del sistema
Los recientes episodios de violencia criminal en Panamá han reavivado la preocupación ciudadana y abierto un debate sobre la capacidad del Gobierno y de los estamentos de seguridad para enfrentar la delincuencia, informó el diario La Estrella.
En una entrevista para El Polígrafo de La Estrella, el comisionado retirado y presidente del Colegio Nacional de Profesionales de Servicios de Policía (CONAPOL), Irving Muñoz, analizó el panorama actual y subrayó la urgencia de construir políticas públicas de largo plazo.
Aunque reconoce el incremento de hechos violentos, Muñoz sostiene que Panamá no está perdiendo la batalla contra la delincuencia, y destaca que los homicidios siguen por debajo de los niveles de años anteriores.
Sin embargo, advierte que la percepción de inseguridad responde también a la desinformación y al impacto psicológico que generan ciertos casos mediáticos.
“La seguridad es un estado de certidumbre. Cuando hay incertidumbre, se genera inseguridad, pero eso es perceptivo”, señaló.
Uno de los puntos centrales de su análisis es la necesidad de dejar atrás los enfoques improvisados.
Muñoz afirma que cada administración aplica su propia visión sobre seguridad, lo que rompe la continuidad institucional y debilita la capacidad del Estado para prevenir y responder al delito.
“Tenemos que crear una cultura de Estado. Las políticas de seguridad deben perdurar en el tiempo”, recalcó.
Pese a que el presupuesto para la fuerza pública aumenta cada año, Muñoz sostiene que los recursos siguen siendo insuficientes y, peor aún, no siempre están debidamente planificados ni dirigidos.
Además, asegura que los estamentos policiales asumen responsabilidades que corresponden a otros ministerios, como la custodia de cárceles o la reparación de escuelas, lo que distrae su función esencial.
Sobre la reiterada promesa gubernamental de aumentar el número de policías, Muñoz explica que los grandes reclutamientos se ven compensados por jubilaciones masivas, lo que impide consolidar la experiencia interna.
Plantea que los ingresos deben ser escalonados y acompañados de transferencia de conocimientos.
También propone una comisión de evaluación objetiva y planes piloto focalizados en zonas críticas con participación de instituciones sociales.
Muñoz reconoce que los cuerpos de seguridad están infiltrados por el crimen organizado, pero aclara que existen mecanismos de contrainteligencia para investigar sospechas internas. Advirtió que el problema debe verse “de manera panorámica”, considerando las rutas financieras y el impacto estructural de las organizaciones criminales.
Consultado sobre el uso político de la policía en distintos gobiernos, Muñoz fue claro. “El policía actúa por necesidad del Estado, siguiendo órdenes legítimas”.
Sobre los señalamientos de abusos policiales, defendió la labor de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP), aunque reafirmó que cualquier ciudadano puede acudir a instancias judiciales si se siente afectado.
En relación con recientes declaraciones sobre una supuesta amenaza de Estados Unidos de retomar el Canal, Muñoz llamó a la neutralidad y a privilegiar la diplomacia.
Recordó que, según la Constitución, todos los panameños están obligados a defender el país en caso de ataque, pero insistió en que la guerra debe ser siempre la última opción.
El especialista concluyó que Panamá enfrenta desafíos complejos, pero insistió en que la clave está en la coordinación entre instituciones, la continuidad de políticas de Estado y la participación activa de la ciudadanía.
“La seguridad no es solo tarea de la policía; es un esfuerzo conjunto. Necesitamos una visión integral, moderna y sostenida en el tiempo”.