Autoridades y expertos llaman a buscar un equilibrio entre aspiraciones de los trabajadores y sostenibilidad de la economía
La propuesta de elevar el salario mínimo a $900 ha generado alertas sobre su viabilidad, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), que según Raúl Fernández, director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), serían incapaces de asumir un incremento de esta magnitud sin afectar la economía y aumentar la informalidad y el desempleo, informó el diario Panamá América.
Fernández advirtió que no hay forma humana de que los pequeños empresarios soporten este ajuste sin consecuencias adversas, pues este sector representa el 70% del motor económico local, aglutinando a gran número de empleadores que podrían verse obligados a cerrar sus negocios, por ello, instó a que la discusión se centre en escenarios realistas que beneficien a todos los actores económicos.
El experto sostuvo que la mesa tripartita debe basar su decisión en factores como crecimiento económico, inflación y necesidades reales, evitando cifras que aparenten beneficiar a algunos mientras perjudican al motor económico del país.
Por su parte, el economista René Bracho destacó que fijar un nuevo salario mínimo en medio de la contracción de liquidez es un desafío, ya que requiere equilibrar las necesidades de los hogares con la capacidad financiera de las empresas.
No obstante, señaló la importancia de mejorar la equidad y competitividad, tomando en cuenta la marcada diferencia entre las zonas urbanas y rurales, en la área metropolitana, la mitad de los asalariados percibe menos de $773.01, mientras que en provincias como Darién la mediana salarial apenas alcanza $531.10.
Bracho recomendó la creación de un régimen especial más amigable con las PYMES, considerando que los pasivos laborales son fundamentales para su subsistencia, y expresó confianza en que sindicatos y empresariado encontrarán un punto de acuerdo.
Asimismo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confió en que ambos sectores logren consensuar una propuesta conjunta que será presentada al Órgano Ejecutivo.