Revela que investigan enriquecimientos injustificados y agregó que espera un desenlace en el caso de Panama Ports en las próximas semanas
Las investigaciones contra funcionarios de alto perfil impulsadas por la Contraloría General de la Nación (CGN) “apenas están comenzando”, confirmó el contralor, Bolo Flores este lunes, al diario La Estrella.
Flores aseguró que múltiples auditorías siguen revelando anomalías en los bienes y movimientos financieros de exfuncionarios y sus círculos cercanos. Señaló que diariamente surgen nuevos hallazgos que apuntan a enriquecimientos imposibles de justificar con los salarios que mantenían durante el gobierno anterior.
El contralor explicó que parte de las irregularidades detectadas incluyen propiedades millonarias a nombre de familiares, posibles blanqueos de capital mediante contratos privados y residencias que no coinciden con la capacidad económica real de sus ocupantes. “Hay gente que vive en apartamentos que no pueden justificar”, dijo, adelantando que los próximos resultados se harán públicos muy pronto.
Sobre los requerimientos de información bancaria, manifestó su inconformidad con la lentitud de varios bancos del país y advirtió que se les otorgó un plazo de 15 a 20 días para normalizar la colaboración. “Necesitamos identificar recursos que no se ajustan a la realidad económica de los funcionarios”, afirmó, reiterando que la banca debe ser un pilar de rectitud y apoyo en la recuperación de posibles fondos mal habidos.
En cuanto al caso del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, el contralor evitó divulgar detalles y solo confirmó que el proceso “está caminando” y que no se pronunciará más para no poner en riesgo la investigación. Aclaró, además, que no existe selectividad política: se investigan funcionarios de esta administración, de la anterior y de gestiones previas cuando se detectan irregularidades.
Afirmó que uno de los procesos que avanza con pasos firmes es el caso Panama Ports. La Contraloría presentó demandas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por nulidad e inconstitucionalidad del contrato, y según los tiempos transcurridos y los movimientos procesales recientes, el contralor estima que podría haber un desenlace entre el próximo mes y mes y medio.
“La Corte es independiente, pero por los plazos, creemos que algo es inminente”, señaló.
Finalmente, destacó que la institución ha multiplicado la cantidad de auditorías —más de 600 en nueve meses— y que estas ya están llevando a personas ante el Ministerio Público (MP). Insistió en que el objetivo es devolver la confianza al ciudadano y garantizar que quienes manejaron recursos públicos respondan por cualquier irregularidad detectada.