El precio del quintal se duplicó en un mes, el MIDA evalúa importaciones mientras crecen sospechas de contrabando
Productores de cebolla de Azuero, Coclé y Tierras Altas alertaron sobre una escasez artificial del producto en supermercados, pese a que existe suficiente producción nacional para abastecer la demanda, denuncia que fue presentada durante una reunión con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, en medio de un mercado marcado por alzas bruscas en los precios y creciente incertidumbre.
Los productores recordaron que el consumo mensual de cebolla en Panamá oscila entre 40,000 y 45,000 quintales, cifra que, afirmaron, puede ser cubierta con la cosecha local.
A principios de octubre, el propio Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) confirmó que la producción nacional sería suficiente para abastecer todo el año.

Contrario a esas proyecciones, a mediados de noviembre el precio del quintal se disparó más del 100%, pasando de $50 a más de $110, justo en la antesala del Día de las Madres y de las festividades de fin de año.
“Tenemos cebolla, pero no aparece en los anaqueles”, reclamaron los productores, señalando que el desabastecimiento aparente contradice la realidad en campo.
La situación se complica por la recomendación que hizo la Cadena Agroalimentaria de no permitir importaciones en noviembre y diciembre del 2025 para proteger la producción local. “Esa sugerencia hoy choca con precios elevados y suministro limitado”, advirtieron los cebolleros, que ven cómo la medida ahora presiona el mercado.

Frente a los incrementos de precio y a la escasez en las tiendas, fuentes del gobierno señalan que el MIDA analiza la importación de cebolla desde Costa Rica para cubrir la demanda.
Los productores rechazan esta posibilidad, insistiendo en que hay suficiente producto nacional y que permitir importaciones solo agravaría la distorsión del mercado.
A la tensión se suma la preocupación por posibles redes de contrabando, que podrían involucrar a productores de Cerro Punta, transportistas e incluso funcionarios, lo que estaría presionando los precios al alza y alterando la disponibilidad en los comercios.
El sector comercial, por su parte, cuestiona las cifras oficiales divulgadas meses atrás, alegando inconsistencias que apuntarían a fallas en la recolección y supervisión de datos por parte del gobierno.
