Dudas sobre el material electoral, acusaciones de fraude y cuestionamientos a las Fuerzas Armadas marcan la antesala de los comicios
Más de seis millones de hondureños están llamados a votar este domingo en unas elecciones generales cargadas de incertidumbre, tensiones institucionales y temores de violencia, un escenario que recuerda los convulsos comicios del 2017, informó la agencia EFE.
Estas serán las duodécimas elecciones desde el retorno a la democracia en 1980, y llegan marcadas por profundas divisiones políticas y sociales.
La disputa por la presidencia se concentra en tres figuras: Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), defensora del llamado “socialismo democrático”; el líder conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que compite por cuarta vez; y Nasry Asfura, del Partido Nacional, respaldado esta semana por el presidente estadunidense Donald Trump, quien pidió evitar el “avance comunista”.
El Partido Nacional compite golpeado por doce años de desgaste en el Ejecutivo (2010-2022), marcados por denuncias de corrupción y narcotráfico.
Las profundas diferencias entre los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) retrasaron la contratación de la empresa encargada del transporte del material a los 18 departamentos del país.
La distribución finalmente inició el 20 de noviembre, luego de semanas de incertidumbre desde el comienzo de la campaña el 1 de septiembre.
Las denuncias de fraude electoral son un patrón histórico en Honduras desde 1981, pero en esta ocasión los señalamientos se intensificaron antes de las votaciones.
Líderes del Partido Liberal, Libre y Partido Nacional se han acusado mutuamente, rompiendo la tendencia de que quien está en el poder reclama irregularidades después del escrutinio.
Pese a su mandato constitucional de ser una institución apolítica y no deliberante, las Fuerzas Armadas han sido acusadas de injerencia en el proceso electoral.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, solicitó al CNE una copia del acta con los resultados presidenciales el mismo día de los comicios, una exigencia sin precedentes que la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, calificó como “injerencia”.
Hernández también ha protagonizado enfrentamientos con consejeros electorales y medios de comunicación, a cuyos representantes llamó “sicarios de la verdad”, generando críticas de observadores internacionales.
En un país aún marcado por la polarización tras el golpe de Estado del 2009 contra Manuel Zelaya, las campañas de los principales partidos han estado dominadas por descalificaciones y ataques, más que por propuestas concretas para la ciudadanía.
La población teme que la situación pueda derivar en episodios de violencia si el resultado es ajustado, como ocurrió en el 2017 durante la cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández, prohibida por la ley.
Con la tensión al máximo y una institucionalidad electoral debilitada, Honduras se encamina a una jornada decisiva cuyo desenlace marcará el rumbo político del país en los próximos años.