Investigará transferencias superiores a $4 millones tras denuncias de falta de transparencia en su asignación
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que examinará las transferencias extraordinarias superiores a $4 millones otorgadas a varios municipios, en respuesta a denuncias sobre la ausencia de criterios claros y posibles irregularidades en su distribución.
El anuncio del ministro Felipe Chapman abrió un nuevo frente político sobre el uso de fondos públicos y la ética en la asignación de recursos extraordinarios.
Chapman indicó que el MEF revisará cada asignación y definirá correctivos si se detectan irregularidades, ya sean legales, administrativas o éticas.
“De encontrarse algo indebido se van a tomar acciones. Vamos a examinar si tenemos la normativa adecuada”, afirmó Chapman, que también confirmó conversaciones con la diputada Janine Prado, de la Comisión de Presupuesto, para atender sus inquietudes y garantizar transparencia en el proceso.
El ministro subrayó que la revisión no se limita a la legalidad, sino que busca evaluar prácticas administrativas y éticas, reconociendo que históricamente la asignación de recursos extraordinarios careció de normativa clara en Panamá.
Entre las medidas propuestas figura la implementación de criterios objetivos por ley, basados en indicadores socioeconómicos como distribución del ingreso, niveles de pobreza y tasas de empleo, para evitar discrecionalidad en futuras asignaciones.
Chapman también confirmó coordinación con la Contraloría de la República para fortalecer los mecanismos de control previo y posterior sobre estas transferencias, y adelantó que revisará el propósito original de los subsidios municipales contemplados en la legislación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Programa de Inversión de Obras Públicas y Sociales (PIOPS), asegurando su correcta aplicación.
Mientras tanto, la presión política aumenta, la bancada VAMOS presentó una solicitud formal de información, exigiendo al MEF explicar por qué los fondos fueron asignados fuera del mecanismo regular establecido por la Ley de Descentralización, evidenciando el creciente interés de la Asamblea Nacional en garantizar transparencia y responsabilidad en la gestión de recursos públicos.