El retorno a un uso desinhibido de la fuerza en las relaciones internacionales va acompañado de reivindicaciones de regímenes autoritarios o fallidos
La coincidencia es inquietante. El 21 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos presentó un “plan de paz” para poner fin a la guerra en Ucrania, cuyo punto 26 prevé “una amnistía total” para las acciones de “todas las partes implicadas en este conflicto”, poniendo en pie de igualdad al agresor, Moscú, y al agredido, Kiev, opinó este miércoles en su editorial el diario Le Monde.
Según ese plan favorable a Rusia, ambas partes deben comprometerse a “no presentar ninguna reclamación ni considerar ninguna denuncia en el futuro”.
Una semana más tarde, el 28 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de indultar al expresidente derechista de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado en el 2024 a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
El 30 de noviembre, el jefe del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción, presentó una solicitud oficial de indulto al presidente Isaac Herzog, asegurando que “el fin inmediato del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y promover la reconciliación general que Israel tanto necesita”. Dicha gracia simplificaría sobre todo su futuro político, en vísperas de unas elecciones legislativas cruciales para el futuro de Israel y la cuestión palestina.
Netanyahu está haciendo todo lo posible para evitar tener que rendir cuentas por el desastre de seguridad que permitió las masacres del 7 de octubre de 2023, perpetradas por Hamás. Más de dos años después, no se ha creado ninguna comisión de investigación para determinar las responsabilidades a nivel político, a diferencia de lo que ocurrió tras la guerra de Yom Kippur en 1973 (Comisión Agranat) y tras las masacres de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila (Comisión Kahane), cometidas en septiembre de 1982 en Beirut por milicianos cristianos libaneses bajo la mirada del ejército israelí.
El retorno a un uso desinhibido de la fuerza en las relaciones internacionales va acompañado de reivindicaciones de impunidad que antes eran características de los regímenes autoritarios o fallidos.
El hecho de que los negociadores estadunidenses puedan concebir que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y su séquito de crímenes de guerra perpetrados a diario contra la población civil ucraniana, termine sin que se cuestione en absoluto, constituye una ruptura brutal con décadas de lucha tenaz por la justicia.
Este contagio de la impunidad acentúa el desmoronamiento del antiguo orden internacional basado en normas. Las amenazas que se ciernen sobre la Corte Penal Internacional (CPI) desde que se dictaron órdenes de detención contra dos responsables israelíes, entre ellos Netanyahu, por su conducta durante la guerra de Gaza, son otro ejemplo de ello.
Una vez más, Trump está detrás de todo ello, dispuesto además a pedir que la justicia de su país haga la vista gorda ante los crímenes de Netanyahu. Por decisión del presidente de los Estados Unidos, seis jueces y tres fiscales de la CPI han sido sancionados, en una inversión orwelliana de los valores.
El predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, ya había empañado su legado político al indultar a miembros de su familia, entre ellos su hijo, antes de abandonar la Casa Blanca. Pero el actual inquilino ha llevado esa práctica a un nivel industrial, ya que casi 1,600 personas se han beneficiado de ella en menos de un año. Esa profusión refleja un verdadero colapso democrático alimentado por el desprecio por la ley.