El acuerdo, promovido por el Consejo de Europa, busca frenar los delitos ambientales graves y avanzar hacia una respuesta penal coordinada
La Unión Europea (UE), Portugal y Moldavia se convirtieron en los primeros firmantes del Convenio sobre Protección del Medio Ambiente a través del Derecho Penal, un nuevo tratado que establece las bases para una respuesta penal coherente frente a los delitos ambientales, incluso cuando estos traspasan fronteras, informó la agencia EFE.
El Consejo de Europa anunció la firma en un comunicado en el que calificó la iniciativa como “histórica” para la protección del medioambiente mundial. Su secretario general, Alain Berset, urgió a los Estados miembros a sumarse al acuerdo. “Debemos redoblar nuestros esfuerzos colectivos para proteger el medioambiente y combatir los delitos ambientales que amenazan nuestro futuro”.
El convenio forma parte de la estrategia global del Consejo de Europa frente a la llamada “triple crisis planetaria”: cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Su objetivo es dotar a los países de un marco jurídico sólido para perseguir delitos ambientales graves que con frecuencia han quedado impunes o insuficientemente procesados.
Elaborado con la participación de los Estados miembros, además de la Santa Sede, la UE, Naciones Unidas, Interpol y organizaciones de la sociedad civil, el tratado subraya que la destrucción del medioambiente “no solo es un fracaso político, sino también un delito penal” que exige cooperación internacional.
La firma por parte de la UE refuerza su apoyo explícito a los objetivos del convenio. El texto define una amplia gama de delitos ambientales e incluso permite enjuiciar por ecocidio a quienes provoquen intencionalmente desastres ambientales. También incorpora disposiciones sobre responsabilidad corporativa, sanciones y delincuencia organizada, adaptándose así a las nuevas formas de criminalidad vinculadas a redes transnacionales.
El acuerdo incluye un mecanismo de seguimiento para asegurar su correcta aplicación y la rendición de cuentas. Para su entrada en vigor, se requieren diez ratificaciones, de las cuales al menos ocho deben proceder de Estados miembros del Consejo de Europa.
Una vez alcanzado ese umbral, podrán desplegarse las herramientas legales necesarias para establecer la responsabilidad penal por delitos ambientales.
El convenio también prevé abrirse, más adelante, a Estados no miembros del Consejo de Europa, destacando que la lucha contra los crímenes ambientales “no conoce fronteras”.
“Instamos a los gobiernos a actuar con rapidez para que estas salvaguardias vitales puedan implementarse lo antes posible”, concluyó Berset.