Este 9 de diciembre se cumplen 10 años desde que la Asamblea General de la ONU eligió este día para la conmemoración de las víctimas del genocidio y su prevención
La campaña de exterminio contra Gaza por parte del régimen de Israel, al que numerosas asociaciones y organismos internacionales acusan de estar cometiendo un “genocidio”, ha vuelto a poner en el centro del debate público un término complejo y difícilmente aplicable en términos legales a todas las situaciones que son calificadas como tal, informó la agencia EFE.
Este 9 de diciembre se cumplen 10 años desde que la Asamblea General de la ONU eligió este día para la conmemoración de las víctimas del genocidio y su prevención, en un momento en el que el mundo está entrando “en la era del genocidio”, denuncia a EFE la directora general de Médicos Sin Fronteras (MSF), Raquel Ayora.
La experiencia en Gaza y otros conflictos recientes, donde algunos Estados “deciden pasar las líneas rojas de crímenes de guerra y genocidio” sin que la comunidad internacional reaccione, según Ayora, muestra una desensibilización política y ciudadana ante estas atrocidades.
Los tribunales internacionales tardan años en emitir un veredicto sobre la comisión de genocidio; así lo evidencia la historia de las últimas décadas.
Las últimas -y únicas- condenas por genocidio se emitieron por los conflictos en Ruanda y la antigua Yugoslavia, ambos a finales del siglo pasado.
En este sentido, la directora general de MSF critica que la falta de respuestas ante las violaciones de derechos humanos actuales reflejan “que todos los mecanismos de contención acerca de cómo se hacen las guerras son completamente ineficaces en este momento”.
Aunque una parte de la opinión pública recibiese como prueba definitiva el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que concluyó el pasado septiembre que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, el tribunal encargado de juzgar a los responsables de este tipo de crímenes es la Corte Penal Internacional (CPI).
Por el momento, la CPI ha abierto una investigación ante la posibilidad de genocidio en Palestina, pero no ha emitido una sentencia; en noviembre del 2024 publicó órdenes de búsqueda y captura contra altos responsables políticos israelíes, incluyendo al jefe del régimen, Benjamín Netanyahu.
Desde que Israel lanzó su campaña de exterminio contra la Franja hace más de dos años, más de 70,300 palestinos han sido asesinados por fuego militar, sin contar a los fallecidos por hambre o problemas médicos como consecuencia del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria.
Riesgo en Sudán
A la situación en Gaza se suma la de Sudán, donde el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) está acusado de cometer asesinatos por motivos étnicos, ante lo cual representantes de la ONU y la Unión Africana han alertado del riesgo de genocidio en el país.
Fueron los propios paramilitares los que compartieron en redes sociales dramáticas imágenes de decenas de cadáveres amontonados, ejecuciones sumarias y otros indicios de violaciones de derechos humanos durante su ofensiva en la región de Darfur, en el oeste de Sudán.
Este tipo de delitos no son nuevos en el país africano. Bajo la presidencia de Omar Al Bashir estalló el conflicto -también en Darfur-, cuando grupos rebeldes de la zona se alzaron contra el Gobierno, al que acusaban de discriminar a la población negra en favor de la árabe.
En el 2008, la CPI acusó a Al Bashir de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad.
Aunque finalmente no fue posible demostrar el genocidio, fue la primera vez que un jefe de Estado recibió una acusación de este tipo por parte de la CPI.
Las acusaciones de genocidio en Gaza y Sudán no son las únicas que se han producido en este siglo.
En agosto del 2017, una oleada de violencia contra la minoría étnica rohinyá en Birmania desencadenó una crisis humanitaria sin precedentes y cientos de miles de refugiados rohinyá huyeron del país, en lo que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos calificó como “caso de libro de limpieza étnica”.
Aunque la Corte Internacional de Justicia ordenó en enero del 2020 a Birmania aplicar medidas para proteger a los rohinyá de un supuesto genocidio, por el momento no ha habido condenas al país por este delito.