El dirigente panameñista afirma que esta figura penal es clave para combatir la corrupción y cuestiona fortunas incompatibles con salarios públicos
El exalcalde capitalino y presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el enriquecimiento injustificado, en medio del proceso judicial que enfrenta el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, detenido por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, informó a través de sus redes sociales.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, Blandón afirmó que esta figura penal es la mejor alternativa para atrapar a los corruptos, y enfatizó que es imposible que un funcionario público acumule fortunas millonarias únicamente con su salario, incluso tras décadas en el cargo.
“No hay manera que, con el salario de presidente, ministro, diputado, alcalde o director de una institución pública, te hagas millonario ni en 5 ni en 10 ni en 20 años continuos de ejercicio. Es imposible”, escribió el dirigente panameñista, al cuestionar el crecimiento patrimonial de diversas figuras políticas sin respaldo en ingresos legales comprobables.
Blandón también criticó que, pese a existir el delito de enriquecimiento injustificado, son pocos los casos en los que la justicia exige explicaciones sobre la adquisición de propiedades, vehículos de lujo, embarcaciones o negocios consolidados en periodos reducidos. Según dijo, esta falta de fiscalización ha permitido que la impunidad siga arraigada en casos de corrupción.
Su pronunciamiento coincidió con el Día Internacional contra la Corrupción y se produjo horas después de la detenciaón de Brands, investigado en el marco de la operación Bávaro.
Este miércoles, una jueza de garantías legalizó la detención e imputó cargos por enriquecimiento injustificado agravado, ordenando su detención provisional ante el riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.
De acuerdo con el Ministerio Público, el monto estimado del presunto enriquecimiento ilícito asciende a $3.8 millones, y durante la audiencia, la Fiscalía mencionó gastos personales que no coincidirían con los ingresos declarados del exdiputado, entre ellos la compra de joyas por unos $22,000.
El caso ha reactivado la discusión sobre los controles patrimoniales y la necesidad de fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción en la administración pública.