Persisten fallas estructurales en agua, salud, educación, seguridad y protección a grupos vulnerables, pese a avances institucionales
Panamá aún enfrenta graves brechas estructurales que afectan de manera directa a mujeres, niños, personas mayores, comunidades indígenas y sectores vulnerables, según el Informe de Situación de los Derechos Humanos 2025 presentado por la Defensoría del Pueblo.
El documento advierte que, pese a ciertos avances institucionales, continúan fallas persistentes en la prestación de servicios públicos esenciales, lo que impide el goce efectivo de los derechos humanos.
El informe detalla que, tras inspecciones y múltiples quejas ciudadanas, no existe acceso continuo ni seguro al agua potable en diversas regiones, especialmente en áreas rurales y comarcales.
En el sistema de salud, la Defensoría documentó falta de medicamentos, demoras prolongadas en cirugías y equipos deteriorados, afectando el derecho a una atención médica oportuna.
El panorama educativo también es crítico, el país arrastra una pérdida acumulada de 490 días de clases presenciales entre el 2020 y el 2025, debido a la pandemia y a huelgas docentes. La crisis se agrava por infraestructuras deterioradas, falta de personal y servicios básicos inestables, lo que retrasa el inicio de clases y limita el aprendizaje.
El informe destaca que persisten barreras para la protección de mujeres, incluyendo demoras institucionales, rutas de atención fragmentadas y un aumento de casos de violencia, entre ellos el femicidio.
Las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y migrantes enfrentan condiciones particularmente adversas. Además, se advierte sobre la normalización de la violencia en relaciones adolescentes, según espacios consultivos juveniles.
“El aumento de femicidios y la reiteración de patrones de violencia revelan fallas en la articulación del sistema de justicia”, señala la Defensoría.
El informe indica que aún falta garantizar accesibilidad y estabilidad laboral para personas con discapacidad, y alerta sobre graves deficiencias detectadas en centros de larga estancia para personas mayores.
En cuanto a la población privada de libertad, la institución denuncia hacinamiento, insalubridad y acceso limitado a servicios de salud, condiciones que violan estándares internacionales como las Reglas Mandela.
Además, la oferta de programas educativos, laborales y terapéuticos es insuficiente, lo que restringe las oportunidades de reinserción social.
El documento también identifica riesgos ambientales asociados a vertederos, contaminación hídrica, malas prácticas de manejo de residuos y desafíos que enfrentan comunidades afectadas por proyectos hídricos y por el cambio climático, como Gardí Sugdub.
En materia de protesta social, la Defensoría registró uso excesivo de la fuerza, detenciones irregulares y la urgencia de fortalecer los protocolos policiales para garantizar el respeto a los derechos ciudadanos.
El informe concluye que Panamá necesita acciones urgentes y sostenidas para garantizar los derechos humanos de todas las personas y reconstruir la confianza en las instituciones públicas, subrayando que las brechas persistentes representan riesgos serios para la igualdad, la justicia y el desarrollo social del país.