Arévalo reconoce responsabilidad del Estado y promete garantizar la no repetición tras sentencia de la Corte Interamericana
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado a los familiares de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis, cuatro defensores de derechos humanos víctimas de desaparición forzada en 1989, informó la agencia EFE.
El acto se realizó en cumplimiento de la Sentencia del Caso Pérez Lucas y otros versus Guatemala, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en noviembre del 2024, en la que se declaró la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a múltiples derechos de las víctimas y sus familias.
Según el fallo, los cuatro defensores, miembros del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), fueron perseguidos y amenazados por agentes estatales durante el conflicto armado interno, y posteriormente desaparecidos en abril de 1989 en la finca Trinidad Miramar, en Suchitepéquez, por integrantes del Ejército.
La Corte concluyó que el Estado no investigó ni sancionó adecuadamente los hechos y que tampoco emprendió una búsqueda diligente del paradero de los desaparecidos, afectando profundamente a sus familiares.
Durante el acto de disculpas, Arévalo afirmó que su gobierno asume la responsabilidad no como una obligación legal, sino con la convicción de que el Estado ha fallado, y calificó a las víctimas como hombres valientes injustamente perseguidos.
Asimismo, reconoció el prolongado sufrimiento de sus familiares, quienes también fueron tratados de manera cruel al serles negada la justicia durante décadas, el mandatario subrayó que este gesto implica un compromiso firme de no repetición y de asegurar que nunca más el gobierno use la fuerza en contra de quienes ejercen sus derechos.
Representantes de las familias y del CERJ también tomaron la palabra. Sotero Ruiz agradeció el apoyo internacional y reiteró que acá en Guatemala no hay justicia, recordando la búsqueda infructuosa de sus hermanos por bases militares y dependencias estatales.
Por su parte, Amílcar Méndez señaló que estos crímenes formaron parte de un patrón sistemático de represión contra pueblos indígenas, agravado por la falta de acción de los tribunales, que contribuyeron a ocultar la verdad.
El conflicto armado interno de Guatemala, que se extendió por 36 años y concluyó en 1996, dejó más de 250,000 víctimas entre muertos y desaparecidos. La Comisión de Esclarecimiento Histórico documentó 626 masacres, la mayoría atribuidas al Ejército y a estructuras de patrulleros civiles.