Ha sido declarado culpable de difundir publicaciones sediciosas en aplicación de la implacable ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en el 2020
En el Tribunal Supremo de Hong Kong, convertido en fortaleza por un despliegue de seguridad masivo, el magnate mediático Jimmy Lai, de 78 años, fue declarado este lunes culpable de conspirar para coludir con potencias extranjeras y difundir publicaciones sediciosas, informó el diario La Razón.
Los jueces Esther Toh, Alex Lee y Susana D’Almada Remedios, seleccionados bajo el mecanismo controlado por el Ejecutivo local, dictaron un veredicto que podría confinarlo a perpetuidad, reforzando la aplicación inexorable de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en el 2020.
Ese fallo aplasta a un icono de la disidencia y acelera la transformación de una urbe que, tras la retrocesión de 1997, juraba preservar libertades únicas hasta el 2047 bajo el principio “un pais, dos sistemas”.
La biografía de Lai resume la trayectoria accidentada de Hong Kong. Nacido en la miseria de Cantón durante el maoísmo, escapó a los 12 años oculto en un barco hacia la colonia británica. De operario en una fábrica textil ascendió a magnate con la cadena Giordano, pero su legado indeleble surgió en 1995 al fundar Apple Daily, un periódico que se erigió en trinchera contra el autoritarismo del Partido Comunista Chino (PCCh).
El maratoniano proceso, extendido a lo largo de 156 jornadas con 52 reservadas al interrogatorio del acusado, examinó 2,220 elementos de prueba y más de 80,000 páginas documentales.
Conversaciones capturadas en WhatsApp desvelan cómo Mark Simon, exoficial de inteligencia naval estadounidense y su principal colaborador, gestionaba encuentros con altos cargos de la administración Trump, como el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton, solicitando sanciones y bloqueos contra Pekín.
Incluso después de la entrada en vigor de la polémica ley en junio del 2020, Lai operó en “zonas grises”, moderando su retórica pública, pero sin abandonar su estrategia. Los magistrados citan su comparecencia en Fox News instando a Joe Biden a condicionar acuerdos comerciales a la restauración de derechos en Hong Kong, y un borrador de misiva a The New York Times invocando una “tormenta perfecta” para precipitar el colapso del PCCh.
El superintendente de la policía de seguridad nacional Steve Li Kwai-wah, alabó la “profesionalidad” del proceso que desenmascaró al “cerebro” de divisiones internas y alianzas externas.
El jefe ejecutivo John Lee respaldó el dictamen con “evidencias irrefutables”, afirmando que nadie puede lesionar intereses nacionales amparándose en derechos humanos o democracia. Regina Ip, consejera del Ejecutivo, expresó satisfacción por lo que considera cierre definitivo a las turbulencias iniciadas en el 2019.
La comunidad internacional respondió con indignación generalizada. Amnistía Internacional lo calificó de “golpe mortal” a la libertad de prensa, con su directora para China, Sarah Brooks, exigiendo la inmediata excarcelación del “prisionero de conciencia” y alertando sobre riesgos legales para cualquier operador económico en la ciudad. Human Rights Watch lo tildó de “cruel parodia de justicia”, instando a gobiernos democráticos a presionar por la anulación del caso.
El Comité para la Protección de Periodistas lo denominó “condena fraudulenta”, Reporteros Sin Fronteras manifestó “ultraje absoluto”, advirtiendo que la inacción occidental permitiría que Lai muriese en prisión y facilitaría la exportación del modelo autoritario chino.
Taiwán condenó el fallo como prueba irrefutable de la erosión sistemática de libertades, democracia e independencia judicial. El Instituto Internacional de Prensa lo elevó a emblema mundial de la resistencia periodística. Diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Europea siguieron la audiencia en persona, reflejando la dimensión geopolítica del proceso.
Ese caso ilustra la intensificación de la persecución transnacional que Pekín ejerce sobre disidentes hongkoneses en el exilio, un fenómeno ampliamente documentado por organismos como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Las autoridades han emitido órdenes de captura y recompensas de hasta $1 millón contra decenas de activistas radicados en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y Taiwán, acusados de subversión por actividades como organizar parlamentos en la diáspora o cabildeo internacional.
Lai personifica el declive democrático de Hong Kong: De centro financiero con garantías de autonomía, la urbe se ha convertido en enclave bajo dominio directo pekinés. Miles de activistas, juristas, legisladores y manifestantes han sido procesados, encarcelados o forzados al exilio tras las revueltas del 2019, que marcaron el punto de inflexión.
Las alegaciones de mitigación escrita deberán presentarse antes del 2 de enero del 2026, con audiencias orales programadas para 10 días después y sentencia aún por determinar. Lai recurrirá, prolongando un litigio que divide a Pekín, que apunta a un triunfo definitivo contra la subversión y para el mundo occidental que advierte sobre el coste de desafiar un autoritarismo en expansión que ya no reconoce fronteras.