MiBus y el Metro prohíben esas prácticas, mientras expertos piden un abordaje integral que combine control migratorio y atención social
La presencia de personas solicitando dinero en el transporte público, en su mayoría migrantes, se ha convertido en un reto social creciente que enfrentan a diario los usuarios de buses y del Metro, pese a las normas que prohíben esta práctica, informó el diario Metro Libre.
En octubre de este año, la empresa MiBus actualizó su reglamento de uso para prohibir la mendicidad y la venta ambulante tanto dentro de los buses como en las zonas pagas, en el caso del Metro de Panamá, esta restricción se mantiene desde el inicio de sus operaciones.
Sin embargo, la realidad en los trayectos diarios muestra a ciudadanos extranjeros que, con el argumento de reunir dinero para pagar vivienda, comida o continuar su viaje, solicitan contribuciones voluntarias a los pasajeros, en muchos casos acompañados de menores de edad, lo que genera preocupación entre usuarios y autoridades.
Desde una perspectiva de derechos humanos, Alberto Cuñapa, de la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, señaló que muchos de estos migrantes se encuentran en tránsito y buscan recursos para salir del país, pero advirtió que esta situación también puede incentivar la mendicidad entre nacionales.
“Frente a ello, creo que la entidad correspondiente es el Servicio Nacional de Migración, que es el encargado de la fiscalización de estas personas”, afirmó.
Por su parte, el Metro de Panamá informó que no cuenta con estadísticas precisas sobre la cantidad de personas que incurren en esta práctica dentro del sistema, debido a que las tarjetas de los usuarios no son personalizadas, lo que dificulta el seguimiento de estos casos.
Ante este panorama, Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, planteó la necesidad de un abordaje integral, humanitario y diferenciado para atender la problemática.
Entre las posibles soluciones mencionó programas de regularización migratoria temporal o humanitaria, que permitan el acceso al trabajo formal, la inserción en programas de empleo, capacitación laboral y emprendimiento, en coordinación con el sector privado.
Rodríguez también destacó la importancia de facilitar el acceso a albergues temporales, atención médica básica y apoyo psicosocial, así como la articulación con organizaciones internacionales especializadas en movilidad humana.
Mientras las autoridades de transporte refuerzan la aplicación de los reglamentos, el debate se centra en cómo equilibrar el orden en los sistemas de transporte con una respuesta social y humanitaria, que atienda las causas de fondo de la mendicidad y proteja los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.