Representantes de 33 países se capacitan en la implementación de la Resolución de la ONU para prevenir el acceso de actores no estatales
En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial, Panamá se convirtió en sede de un taller regional sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva, enfocado en prevenir que actores no estatales desarrollen, adquieran, manufacturen, transporten o utilicen armas nucleares, químicas o biológicas, especialmente con fines terroristas, informó el diario La Estrella.
Del 15 al 17 de diciembre, el país reúne a decenas de puntos de contacto nacionales encargados de la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2004.
Esta resolución establece obligaciones vinculantes para todos los Estados Miembros con el fin de impedir la proliferación de este tipo de armamento, en el 2016, una resolución complementaria dispuso que cada país designara puntos de contacto para fortalecer su aplicación.

“Lo que estamos haciendo aquí es un taller organizado por Panamá con el apoyo del Comité 1540 del Consejo de Seguridad y de la Oficina de las Naciones Unidas, con el objetivo de capacitar a los puntos de contacto que apoyan la implementación de esta resolución en los distintos Estados de la región”, explicó Abel Vigil.
Destacó además que este curso regional no se realizaba en América Latina desde el 2016, cuando tuvo lugar en Chile.
Al encuentro fueron invitados representantes de 33 países de América Latina y el Caribe, aunque algunos, como Venezuela, no enviaron delegaciones. También participan organizaciones internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la Unión Europea (UE), Mercosur, entre otros.

Vigil subrayó que la implementación efectiva de la resolución requiere acciones concretas, que comienzan con una postura política clara del Estado contra este tipo de armas, continúan con marcos legislativos adecuados y se complementan con medidas para prevenir el financiamiento de la proliferación. El esfuerzo, añadió, es necesariamente interinstitucional e internacional.
Involucra controles aduaneros eficaces, regulaciones claras sobre comercio estratégico y materiales de uso dual, así como un control fronterizo robusto, en el que participan entidades como la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Seguridad (MINSEG).
Este taller se suma a otros esfuerzos de Panamá en materia de no proliferación. Recientemente, el secretario de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, Robert Floyd, visitó el país y destacó la cooperación panameña en el intercambio de datos para la detección de pruebas nucleares.
Durante el evento, el embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, enfatizó que la Resolución 1540 “sigue siendo una piedra angular del marco internacional de no proliferación”, al obligar a los Estados a abstenerse de apoyar a actores no estatales en el acceso a armas de destrucción masiva, subrayando que su implementación nacional es clave para alcanzar estos objetivos.
