La intención según la institución es asegurar ayudas a quienes más lo necesitan, por lo que el proceso seguirá en el 2026, mientras más del 85% de los beneficiarios ya cuenta con ficha social
El proceso de depuración de beneficiarios del programa de ayuda social $120 a los 65 continuará durante el 2026, como parte de una estrategia permanente para garantizar que los recursos del Estado lleguen a las personas que realmente cumplen con los criterios de elegibilidad, informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Telemetro Reporta.
La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, señaló que actualmente más del 85% de los beneficiarios de los programas sociales ya cuenta con la Ficha Única de Protección Social (FUPS), una herramienta técnica que permite evaluar de forma objetiva y transparente la situación socioeconómica de cada persona.
Carles explicó que, en años anteriores, una parte significativa de los beneficiarios no contaba con este respaldo técnico, lo que dificultaba una correcta evaluación. “Hoy tenemos información clara que nos permite tomar decisiones responsables y justas”, señaló la titular del MIDES.
Además del programa $120 a los 65, la depuración también se mantiene en otras iniciativas como Ángel Guardián y la Red de Oportunidades, con el objetivo de fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia del gasto público y proteger a los sectores más vulnerables, dijo Carles.
La ministra destacó que la entidad ha logrado avances institucionales importantes, como el pago de deudas acumuladas con exfuncionarios desde el 2014, para lo cual se han desembolsado más de $1.5 millones en prestaciones y primas.
En cuanto a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, el MIDES informó que más de 186,000 beneficiarios han recibido pagos, con un desembolso que supera los $220 millones, destinados principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza.
La institución reiteró que la depuración de los programas sociales será un proceso continuo, enfocado en fortalecer la credibilidad del sistema de asistencia social y asegurar que los beneficios se asignen de manera equitativa y responsable.