Entre enero y noviembre se tramitaron 2,946 expedientes, con los delitos contra la administración pública como la principal causa
Las denuncias por presuntos casos de corrupción en Panamá registraron un incremento cercano al 71% entre enero y noviembre del 2025, en comparación con el mismo período del 2024, de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, informó el diario La Prensa.
Durante ese lapso, las fiscalías tramitaron 2,946 expedientes, frente a los 1,726 casos registrados en igual período del año anterior, lo que evidencia una creciente presión sobre el sistema de investigación penal y una mayor demanda ciudadana por rendición de cuentas.
El desglose de los procesos revela que casi la mitad de los casos (48,4%) corresponde a delitos contra la Administración Pública, consolidándose como la categoría de mayor incidencia.
Le siguen los delitos contra el orden económico, con 26,4%, y los delitos contra el patrimonio económico, que representan 20%, confirmando que las investigaciones se concentran principalmente en presuntas irregularidades vinculadas al manejo de recursos del Estado y a la actividad económica.
Entre los casos más sensibles figuran investigaciones relacionadas con la descentralización paralela, los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y las planillas de la Asamblea Nacional (AN), expedientes que han generado amplio interés y debate público.
No obstante, el avance de estas causas enfrenta limitaciones institucionales, principalmente por la falta de auditorías, ya que de las 423 solicitudes cursadas en el 2025, la Contraloría General de la República solo entregó 53 informes correspondientes a ese año, situación que provocó el archivo de al menos 34 expedientes y puso en evidencia un cuello de botella en el proceso investigativo.
En contraste, otras tipologías delictivas presentan una incidencia considerablemente menor, los delitos contra la fe pública sumaron 119 casos (4%), mientras que los delitos contra la vida y la integridad personal registraron 12 expedientes (0,4%) y los delitos contra la libertad apenas 6 casos (0,2%), en tanto, la categoría de otros delitos acumuló 14 procesos (0,5%).
En conjunto, las cifras confirman que la mayor carga de trabajo del Ministerio Público se concentra en presuntas irregularidades administrativas y económicas, reforzando el perfil de la corrupción y los delitos financieros como el eje central de los casos atendidos durante el 2025.