La antigua concesionaria del proyecto portuario activó dos procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia contra decisiones del Ejecutivo
La expropiación extraordinaria de 41 fincas en Isla Margarita, provincia de Colón, ordenada por el Órgano Ejecutivo, quedó bajo revisión judicial tras acciones interpuestas por Panama Colon Container Port, Inc. (PCCP), antigua concesionaria del proyecto portuario en el área, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó el diario La Estrella.
Por un lado, la empresa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo que ordena la expropiación de los terrenos por razones de interés social urgente.
El recurso fue presentado por el abogado Alejandro Cossio Yanis y repartido al despacho de la magistrada Maribel Cornejo Batista, en el Pleno de la CSJ. La acción busca que se declaren inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del decreto.
De forma paralela, PCCP interpuso una demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción relacionada con actuaciones administrativas previas del Estado, vinculadas al proyecto portuario y a la terminación del contrato de concesión.
Ese proceso fue presentado y asignado inicialmente al despacho del magistrado Cecilio Cedalise, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Tras la salida de Cedalise el 31 de diciembre del 2025, el expediente pasó al despacho de la magistrada Gisela Agurto, quien asumió su reemplazo.
Ambos procesos avanzan de manera independiente y serán tramitados en instancias distintas dentro del máximo tribunal.