Inaugura una era dominada por la ley del más fuerte y la máxima del fin justifica los medios, ahora ni las reglas universales de obligado cumplimiento son garantía de paz
Para calcular la trascendencia de lo ocurrido este fin de semana en Venezuela sería bueno recordar que se trata de la primera intervención militar directa de Estados Unidos en Sudamérica en toda la historia. Todas las acciones similares ocurridas hasta ahora tuvieron lugar en Centroamérica o el Caribe, la región que Washington ha considerado tradicionalmente su perímetro de seguridad. La última hace 37 años en Panamá, opina el periodista español Antonio Caño, en un artículo publicado originalmente en The Objective.
También es verdad que nunca antes se había producido en un país suramericano un caso similar de un régimen tiránico y criminal que ha destruido su nación y condenado al hambre, el exilio o la cárcel a su población durante casi tres décadas. Se puede discutir si una excepcionalidad se corresponde con la otra, pero en todo caso estamos ante una situación de extraordinaria gravedad que tendrá serias consecuencias en el futuro del continente y más allá.
Al margen de las consideraciones éticas y políticas de lo ocurrido, a lo que me referiré más adelante, la acción militar en Venezuela y la detención del dictador Nicolás Maduro constituye la implementación de un nuevo concepto del orden internacional dictado exclusivamente por Donald Trump y que se basa en la ley del más fuerte, en la ignorancia de cualquier control democrático, tanto nacional como multinacional, y en la prevalencia de la generación de riqueza sobre la estabilidad política y la democracia.

Cabe pensar que ese orden es válido si sirve a una causa justa, como sin duda es el derrocamiento de Maduro, pero no se podrá negar que se trata de una suplantación de los principios que hasta ahora habían regido mal que bien la convivencia entre las naciones.
Trump ordenó este ataque sin cumplir con su obligación constitucional de solicitar permiso al Congreso norteamericano, bajo el ridículo pretexto de que se trataba de una operación policial, una operación policial ejecutada por una de las principales unidades de élite de las fuerzas armadas de Estados Unidos, una operación que incluye el bombardeo de instalaciones militares de un país soberano y que conduce a que el país atacante se proclame pleno administrador del país atacado. Extraña operación policial esta.
Trump tampoco solicitó, por supuesto, autorización de organismos internacionales ni intentó la colaboración de países democráticos aliados de Estados Unidos en Europa y América Latina. De igual manera, no consultó con los dirigentes venezolanos a los que la mayoría de la comunidad internacional, incluido el propio Estados Unidos, considera como los legítimos líderes de Venezuela: Edmundo González y María Corina Machado.

Trump tampoco se ha molestado en explicar con claridad el plan que le ha llevado a intervenir militarmente en Venezuela, ni ha mostrado un calendario, siquiera tentativo, para que ese país recupere la democracia. De hecho, ni siquiera está claro que ese sea su objetivo final.
De momento, se ha limitado a decir que él controlará este periodo de transición, que durará lo que él considere oportuno con el propósito de reconstruir la infraestructura de petróleo y que haya mucho dinero para todos, lo que imagino que incluye a las empresas norteamericanas.
En su intervención del sábado en Mar-a-Lago, pronunció 27 veces la palabra petróleo, pero ni una sola la palabra democracia.

Durante décadas, pertenecimos al bloque democrático y nos sentíamos protegidos por una fuerza superior a la de los enemigos de la democracia. Pero ese estatus quo puede cambiar. De hecho, está cambiando. China es ya la mayor potencia económica y aspira a ser también pronto la mayor potencia militar. Y China no se siente en absoluto concernida por los principios democráticos. De hecho, considera que la democracia es un sistema corrupto y una degeneración burguesa que conviene sustituir por modelos más justos, equilibrados y eficaces, como el suyo.
¿Qué ocurrirá si algún día este nuevo orden trumpista regido por la ley del más fuerte y la máxima del fin justifica los medios es administrado por China? ¿A qué normas nos aferraremos los europeos o el resto de los países democráticos del mundo para que nuestro modelo no sea destruido por la fuerza? Parece muy obvio que solo la convivencia basada en el derecho internacional y las reglas universales de obligado cumplimiento es garantía de paz para el futuro.
