El decreto había sido firmado por Maduro hace semanas y enviado al Tribunal Supremo de Justicia para que declarase su constitucionalidad
El régimen de Venezuela oficializó este lunes el Decreto de Estado de Conmoción Exterior. Esa medida otorga facultades extraordinarias a la presidencia y faculta a los cuerpos de seguridad para la captura de cualquier persona involucrada en la promoción o respaldo del ataque perpetrado por Estados Unidos contra el territorio nacional, informó el diario El Nacional.
La instrucción fue publicada en la Gaceta Oficial N.º 6.954 Extraordinaria, con fecha del sábado 3 de enero del 2026. El artículo 5° establece:
“Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en el apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.
El artículo 4 señala que el presidente de la República, mediante Decreto, podrá dictar “otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes” a las circunstancias. Esto, dicen, con la finalidad de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y superar la situación excepcional que motiva este Decreto.
La medida se produce tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por parte de fuerzas estadunidenses, un hecho que ha desencadenado una serie de decisiones institucionales, entre ellas la juramentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
Rodríguez aseguró que el decreto fue suscrito por Maduro hace semanas y enviado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que declare su constitucionalidad.
En paralelo, este lunes al menos siete periodistas y trabajadores de medios fueron detenidos mientras cubrían la instalación del nuevo período legislativo en la Asamblea Nacional. Según denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), las detenciones ocurrieron en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo y afectaron a reporteros de medios nacionales e internacionales.
Tres de ellos fueron liberados horas después, mientras que otros permanecen bajo custodia.
Organizaciones han condenado los hechos, calificándolos como un atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información.
La orden publicada por el decreto en mención contrasta con la reciente declaración de Edmundo González, quien aseguró que la normalización del “país real” solo será posible cuando se libere a todos los ciudadanos que fueron privados de libertad por razones políticas.