TAREA DE DELCY
Dice Donald 2 que espera que Delcy inicie, cuanto antes, “acciones pro USA”. Entre esas acciones, la presidenta encargada de Venezuela, debe parar el supuesto tráfico de drogas, expulsar a los agentes iraníes, cubanos, de otros países y redes hostiles a Washington y detener la venta de petróleo a los adversarios de USA. Según el digital Politico, el objetivo principal de Donald 2, en este momento, es garantizar “que el país se mantenga estable y avance hacia los intereses de USA”.
EN SU PATIO TRASERO
Dice Stephen Miller, del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, que “Estados Unidos está utilizando su ejército para asegurar nuestros intereses, en nuestro hemisferio, sin pedir disculpas”. “Somos una superpotencia y nos comportaremos como tal”, añadió en declaraciones a la cadena CNN. Una encuesta de The Washington Post, demostró que el 63% dice que Donald 2 debió pedir permiso al Congreso para la acción militar en Venezuela, mientras están divididas las opiniones sobre el secuestro del dictador Maduro. 42% lo desaprueba y 40% aplaude la operación.
PAPEL DEL EJÉRCITO
Dicen expertos, citados por la agencia DW, que las cúpulas militares, el verdadero fiel de la balanza en Venezuela, no están en condiciones de plantearse tomar el control del poder sin que haya alguna forma de tutelaje por parte de USA. Reconocen que les conviene un cambio de régimen porque supondría sacar a la luz muchos de los crímenes que han cometido a lo largo de los últimos 20 años y muchos casos de violaciones graves a los derechos humanos y de mucha corrupción. Esos expertos, aseguran que las cúpulas militares respaldan a Delcy y han hecho contacto con Donald 2 para conservar la estructura actual del poder y participar en una transición en el largo plazo, pero no inmediata, hacia la oposición.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Dicen que ahora sí los ciudadanos podrán ver, sin intermediarios ni excusas, cómo votan y cuántas veces asisten los diputados al pleno de la Asamblea. Las pantallas encendidas y las votaciones electrónicas proyectadas en tiempo real marcan un antes y un después en la rendición de cuentas legislativa. Pero como suele ocurrir en la política panameña, la pregunta no es si la información existe, sino qué se hará con ella. En teoría, ya no hay margen para el “yo no estaba” o el “eso no fue así”. En la práctica, el reto será que esta transparencia no se quede en un gesto cosmético, diseñado más para calmar críticas que para cambiar conductas.
ARRANQUE LEGISLATIVO
Siguiendo con la Asamblea, dicen que la Comisión de Credenciales inició el año cumpliendo con la agenda prevista, entre ratificaciones de juntas directivas y el anuncio del debate del reglamento interno. En el discurso oficial, se trata de un comienzo institucional, necesario para poner a funcionar el engranaje legislativo. Sin embargo, para muchos ciudadanos, estas primeras sesiones vuelven a confirmar que la prioridad sigue siendo administrativa y no necesariamente política en el sentido más amplio de legislar para resolver los problemas del país.
UN SOLO PROVEEDOR
Dicen que en Panamá la competencia en los contratos públicos es un concepto más aspiracional que real. 13 años y más de $303 millones después, la alimentación de los centros penitenciarios sigue en manos de un solo proveedor, el Consorcio Alimentando Panamá. Mientras los contratos se renuevan y los precios se ajustan al alza, nadie cuestiona si existe un verdadero mercado para garantizar eficiencia o transparencia. La licitación más reciente, por $209.6 millones para seis cárceles, confirma el patrón, ni pujas, ni alternativas, solo la continuidad de quien ya controla el negocio.
INCUMPLEN GARANTÍA
Dicen que las quejas por la compra de autos en Panamá suman ya $6.7 millones, y que la culpa la tiene el incumplimiento de garantía, que concentra los reclamos. Pero entre tanto número y estadística, uno se pregunta si los consumidores realmente están protegidos o si el crecimiento vertiginoso del crédito automotriz ha convertido al comprador en una presa fácil. Mientras las concesionarias celebran sus volúmenes de venta, los panameños siguen lidiando con promesas de garantía que se diluyen al primer problema.