La decisión, lejos de responder a un gesto personal o ideológico, se sustentó en cálculos de poder, control militar, precedentes fallidos y el temor a un vacío institucional
El sábado pasado, pocas horas después de que se confirmara que el dictador Nicolás Maduro estaba bajo custodia estadunidense tras una operación militar en Caracas, el presidente Donald Trump rompió con las expectativas de amplios sectores de la oposición venezolana. Al ser consultado sobre María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz y figura central del bloque opositor, Trump dudó públicamente de su capacidad para liderar el país en el corto plazo, informó el diario El Nacional.
“No tiene el apoyo interno ni el respeto necesario”, dijo. Para una oposición que había asumido que Machado era la heredera natural del poder tras la caída de Maduro, el mensaje fue interpretado como un rechazo de la Casa Blanca. Sin embargo, puertas adentro, la evaluación estadunidense era mucho más compleja.
Fuentes de seguridad estadunidenses dijeron al diario español ABC que el principal obstáculo para respaldar de inmediato a Machado no fue su legitimidad política ni su liderazgo, sino el control efectivo del poder.
Llevar a Machado y a Edmundo González a Caracas tras el colapso del régimen implicaba, en la práctica, una operación militar de gran escala.
Los escenarios elaborados en Washington incluían el despliegue de miles de soldados estadunidenses, control del espacio aéreo, aseguramiento de refinerías, puertos, cuarteles y telecomunicaciones, así como la neutralización de mandos militares y cuerpos de inteligencia. En otras palabras, una misión de cambio de régimen con ocupación temporal, altos costos humanos y un enorme desgaste político.
Ese escenario, asociado en la memoria estadunidense a Irak y Afganistán, estaba descartado desde el inicio. Trump no estaba dispuesto a asumir una guerra prolongada ni a cargar con la reconstrucción institucional de Venezuela bajo tutela militar.
En los análisis internos de la Casa Blanca, el recuerdo del fallido levantamiento del 30 de abril del 2019 fue determinante. Aquella operación, impulsada desde Washington bajo el liderazgo de John Bolton, buscaba provocar una fractura rápida en la cúpula militar chavista.
La CIA advirtió entonces que no existían garantías reales de quiebre en la cadena de mando. Aun así, el plan avanzó.
El resultado fue un fracaso estrepitoso. Las Fuerzas Armadas no se movieron, el aparato represivo se mantuvo intacto y Washington quedó expuesto. Para Trump, ese episodio dejó una conclusión clara: La oposición venezolana, por sí sola, no podía enfrentar al entramado militar y de seguridad del chavismo.
Desde entonces, cualquier transición sin control efectivo de las Fuerzas Armadas fue considerada inviable sin intervención directa de Estados Unidos, una opción que Trump descartó definitivamente.
Tras los acontecimientos, la CIA elaboró nuevos informes a pedido expreso del director John Ratcliffe. El diagnóstico coincidía en que Machado no tenía control sobre la fuerza militar, carecía de ascendencia sobre los servicios de seguridad y no disponía de palancas institucionales para imponer autoridad tras la caída de Maduro.
El análisis priorizó la estabilidad inmediata por encima de la legitimidad democrática. Respaldar plenamente a la oposición habría obligado a Estados Unidos a garantizar el orden interno con presencia militar sostenida. Para Trump, ese riesgo era inaceptable.
Aunque públicamente se negó que el Nobel de la Paz influyera en la decisión, en el entorno de Trump el galardón fue visto como un elemento simbólico sin utilidad operativa. Más aún, generó incomodidad. Trump ambiciona ese premio desde hace años y lo integra en su narrativa personal.
Algunos aliados del presidente llegaron a criticar abiertamente al comité del Nobel. Sin embargo, fuentes de la administración insisten en que el premio no fue determinante. El problema, reiteran, no era quién era Machado, sino qué podía controlar en el terreno.
La relación entre Machado y Richard Gre
nell, enviado especial de Trump, también pesó en el proceso. Aunque existieron contactos telefónicos y la disposición inicial a reunirse, los encuentros nunca se concretaron. Machado, en la clandestinidad, rechazó gestos parciales como negociar listas reducidas de presos políticos.
Grenell transmitió a Trump una imagen de Machado como una dirigente firme, pero inflexible, poco dispuesta a compromisos tácticos. Esa percepción se vio reforzada por su rechazo a cualquier contacto con el chavismo y su respaldo irrestricto a las sanciones, una postura moralmente coherente, pero vista en Washington como limitante para una transición amplia y funcional.
Otro factor clave fue el económico. Asesores de Trump subrayaron que Machado evitó pronunciarse sobre temas sensibles como la reactivación petrolera, la inversión extranjera o la reconstrucción económica inmediata. Su discurso se concentró en derechos humanos y presos políticos, dejando un vacío en áreas consideradas estratégicas por Washington.
En contraste, Delcy Rodríguez y su entorno ofrecían control institucional, canales abiertos y disposición a negociar en un contexto de transición provisional.
¿Por qué Delcy Rodríguez? La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada no fue improvisada. Desde el 2020, ella y su hermano Jorge Rodríguez habían mantenido contactos discretos con la administración Trump, explorando escenarios posteriores a una eventual salida de Maduro.
Para Washington, Rodríguez representaba una figura con control operativo, respaldo institucional y capacidad para mantener cohesionadas a las Fuerzas Armadas en una fase inicial. No era una apuesta ideológica, sino una decisión pragmática para evitar el colapso inmediato del Estado.
El ascenso de Rodríguez se produce en un clima de profunda desconfianza. Sectores del chavismo dudan de su papel previo a la operación estadounidense, mientras Trump la elogia y amenaza públicamente, una combinación que muchos interpretan como un intento de aislarla internamente.
Las movilizaciones han sido limitadas, el poder sigue fragmentado y figuras como Diosdado Cabello mantienen influencia. En ese contexto, la transición permanece abierta, provisional y bajo vigilancia constante.
Para la Casa Blanca, la decisión de no respaldar de inmediato a Machado no fue un juicio moral ni un veto personal. Fue un cálculo de poder. Washington optó por evitar un vacío institucional, una guerra prolongada o una ocupación encubierta.