Utilizó certificaciones falsas del Cuerpo de Bomberos para operar una lavandería en Arraiján, poniendo en riesgo vidas humanas
Una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Panamá Oeste marcó este martes un precedente en la lucha contra la falsificación de documentos oficiales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), al concluir con una condena contra un empresario que utilizó certificaciones falsas para obtener permisos de operación comercial, informó la institución.
El proceso judicial determinó la responsabilidad del comerciante asiático, por emplear sellos oficiales, pruebas de hermeticidad y documentos atribuidos falsamente al BCBRP, con el objetivo de operar una lavandería ubicada en un centro comercial del sector de Rejano, en el distrito de Arraiján.
Como parte afectada y querellante, el BCBRP solicitó una pena de 48 meses de prisión y la inhabilitación del establecimiento por un año. Sin embargo, conforme a la normativa legal vigente, las partes alcanzaron un acuerdo judicial que derivó en una sanción económica.
El fallo establece el pago de una multa de $3 diarios durante 500 días, lo que equivale a un total de $1,200, monto que deberá ser cancelado en un plazo máximo de ocho meses. Adicionalmente, el establecimiento permanecerá cerrado por un período de un año como pena accesoria.
Autoridades bomberiles subrayaron que este caso envía un mensaje claro al sector empresarial sobre la importancia de cumplir con los requisitos de seguridad. Advirtieron que la falsificación de documentos técnicos no constituye un simple trámite irregular, sino una práctica que pone en riesgo directo la vida humana, especialmente en locales donde se manejan sistemas de gas y equipos industriales.
Datos institucionales revelan que entre 2018 y 2025 se registraron 11 emergencias relacionadas con fugas de gas en el país, con saldo de personas fallecidas y otras con lesiones permanentes, incidentes que pudieron evitarse mediante el cumplimiento estricto de las normas de seguridad.
La denuncia fue presentada en el 2024, luego de que el director general del BCBRP, Víctor Raúl Álvarez Villalobos, tuviera conocimiento del hecho y ordenara las acciones legales correspondientes, reafirmando la política institucional de cero tolerancia frente a la corrupción y la falsificación.
Durante la audiencia, el director general estuvo acompañado por altos mandos de la institución, entre ellos, el secretario general, teniente coronel José Batista; el director de DINASEPI, teniente coronel Cirilo Castillo; y el director de Asesoría Legal, teniente coronel Saúl Castillo, junto a otros oficiales y funcionarios.