El Ministerio Público reiteró que está preparado para sustentar la acusación por blanqueo de capitales contra 23 imputados
El primer día de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht concluyó con la validación de dos acuerdos de pena y la lectura del auto de apertura a juicio contra los 23 presuntos imputados por el delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.
A su llegada al Palacio Gil Ponce, sede de la audiencia, la fiscal Ruth Morcillo aseguró que el Ministerio Público cuenta con los elementos necesarios para sustentar la acusación.
En el proceso también participan las fiscales Jenisbeth Malek y Thalia Palacios, quienes presentaron las evidencias que serán analizadas en una audiencia que podría extenderse hasta el próximo 13 de febrero.
Previo al inicio formal de la audiencia, se validaron dos acuerdos de pena con dos de los imputados, uno por 40 meses de prisión y otro por 21 meses, además de la devolución del dinero presuntamente blanqueado. Este acto se realizó en reserva, a solicitud de las partes involucradas.
Posteriormente, se dio lectura al auto de apertura a juicio, correspondiente a un expediente que supera las 480 fojas dentro de un total de 2,800 tomos.
En el proceso se informó además que cuatro de los imputados pasaron a ser investigados por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), otro de los imputados mantiene un amparo de garantías en trámite, actualmente en fase de apelación por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Entre las personas implicadas figuran el expresidente Ricardo Martinelli, seis exministros, exfuncionarios, empresarios y particulares.
La investigación se remonta a 2017, cuando el Ministerio Público, mediante mecanismos de colaboración eficaz internacional, obtuvo declaraciones de culpabilidad de ejecutivos de la empresa Odebrecht en Suiza y Panamá.
Estas revelaciones permitieron establecer que la constructora pagó sobornos a funcionarios panameños para obtener aprobación en la adjudicación de obras, a través de la denominada caja 2 de la empresa.
Hasta la fecha, este proceso ha dejado 19 personas condenadas y la recuperación de más de 80 millones de dólares para el Estado.