Abogados señalan inconsistencias procesales, afectaciones al derecho a defensa y riesgos de prescripción en uno de los expedientes
Los abogados Carlos Carrillo y Pedro Meilán alertaron sobre contradicciones jurídicas y posibles nulidades en el desarrollo de la audiencia clave del caso Odebrecht en Panamá, al analizar el estado actual de un proceso que calificaron como uno de los más complejos y controversiales en la historia reciente del sistema penal del país, informó el diario La Estrella.
Carrillo, quien aseguró haber estado vinculado al expediente desde el día uno, recordó que el caso comprende cerca de 3,000 tomos y más de dos millones de páginas, y que originalmente estuvo integrado por 23 causas, las cuales fueron separadas progresivamente hasta concentrarse en la audiencia actual.
A su juicio, la magnitud del expediente, sumada al contexto político y judicial en el que se ha desarrollado, explica los retrasos y las tensiones que hoy rodean el proceso.
El abogado destacó como un elemento positivo la transmisión pública de la audiencia, al considerar que ha permitido un debate más amplio, incluso a nivel internacional, sobre un caso que describió como histórico y atípico dentro del antiguo sistema penal inquisitivo, no obstante, advirtió que el proceso ha estado marcado por “rupturas y decepciones” poco comunes en investigaciones de esta naturaleza.
Uno de los puntos centrales del análisis fue el cambio de criterio de la jueza respecto al derecho al contradictorio, particularmente en relación con los testimonios provenientes de Brasil.
Carrillo cuestionó que, luego de que la audiencia fuera suspendida en el 2025 para garantizar ese derecho, el proceso se reanudara valorando nuevamente dichos testimonios bajo el criterio de sana crítica, lo que genera incertidumbre jurídica y contradicciones con decisiones adoptadas previamente.
Por su parte, Meilán coincidió en que la audiencia se desarrolla en lo que describió como un cortocircuito jurídico, al mezclar elementos del sistema penal acusatorio con prácticas propias del sistema inquisitivo.
Afirmó que esta dualidad afecta directamente el derecho a defensa, recordando que la propia jueza había reconocido en su momento que la ausencia de contradictorio podía vulnerar derechos fundamentales.
Ambos abogados también abordaron el tema de la prescripción de la acción penal, señalando que han transcurrido entre ocho y doce años desde algunos de los hechos investigados sin una resolución definitiva, y Meilán cuestionó el uso de la figura del delito continuado para mantener abiertas causas que, a su criterio, ya habrían superado los plazos legales establecidos.
Otro eje del debate fue la criminalización de las donaciones políticas, Carrillo y Meilán coincidieron en que, durante los años en que ocurrieron muchos de los hechos investigados (2007–2009), no existía una norma que prohibiera a contratistas del Estado realizar aportes a campañas políticas, por lo que consideraron que estos asuntos deberían analizarse en el ámbito electoral y no en el penal.
Los abogados insistieron además en que, en varios casos, no se ha demostrado la existencia de un delito precedente ni vínculos directos con actos de corrupción, lo que podría derivar en nulidades procesales o en la eventual caída de algunas acusaciones. “Hay muchos elementos sobre la mesa que obligan a preguntarse si este caso puede sostenerse tal como está planteado”, afirmaron.