Las acciones legales incluyen presuntos delitos ambientales, estafa y blanqueo de capitales por la reducción del servicio y cobros anticipados
De acuerdo con el municipio, las acciones legales responden a conductas que podrían configurar delitos ambientales, estafa y otras infracciones penales, tras una reducción unilateral e injustificada del servicio de recolección, sin autorización administrativa ni respaldo municipal.
El informe explica que la primera querella, de carácter ambiental, documenta la acumulación prolongada de desechos en áreas residenciales, espacios públicos, aceras, cunetas y zonas de drenaje, situación que habría generado focos de contaminación, malos olores, proliferación de vectores y riesgos reales para la salud pública. Según la alcaldía, al menos siete de los nueve corregimientos del distrito resultaron afectados por la presencia de basura a la intemperie, lixiviados y condiciones insalubres, agravadas durante episodios de lluvia por el riesgo de contaminación de suelos y fuentes de agua superficial.
El municipio sostiene que, pese a tener pleno conocimiento de la situación crítica y de las advertencias de las autoridades sanitarias, la empresa redujo deliberadamente el servicio durante diciembre del 2025, sin adoptar medidas de mitigación para evitar la degradación ambiental.
La segunda querella corresponde al presunto delito de estafa y está relacionada con el cobro anticipado de la tasa de aseo municipal correspondiente al 2026. La alcaldía indicó que Revisalud, a través de un contrato con la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) como agente recaudador, habría ejecutado el cobro total del mes de diciembre y una fracción de enero sin haber prestado el servicio correspondiente y sin autorización municipal ni modificación válida del contrato de concesión.
Según el municipio, esta acción habría generado un desplazamiento patrimonial ilegal en perjuicio de los contribuyentes, al romperse la relación entre lo cobrado y el servicio efectivamente brindado. La situación provocó una avalancha de reclamos ciudadanos y alcanzó notoriedad nacional, al punto de que el Ejecutivo instruyó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a intervenir de forma temporal para evitar una crisis sanitaria.
Asimismo, se conoció la presentación de una tercera querella ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) por el presunto delito de blanqueo de capitales, la cual también forma parte del paquete de acciones legales impulsadas por la administración municipal.
La Alcaldía de San Miguelito solicitó al MP investigar las responsabilidades penales correspondientes y determinar si las actuaciones de la empresa concesionaria constituyen delitos contra el ambiente, la salud pública y el patrimonio de los ciudadanos del distrito.