La jueza analiza si el caso debe remitirse a la Corte Suprema ante el alegato de prerrogativas derivadas de su cargo como exvicepresidente
La audiencia de garantías solicitada por el Ministerio Público (MP) contra el exvicepresidente, José Gabriel Gaby Carrizo, entró en receso este miércoles, luego de que la defensa presentara una advertencia de inconstitucionalidad que mantiene el proceso en una fase preliminar, sin que hasta ahora se haya legalizado la captura ni imputado cargos,informó el diario La Estrella.
La diligencia, presidida por la jueza de garantías Oris Medina e iniciada pasadas las 5:00 p.m., se centra exclusivamente en definir si el juzgado mantiene la competencia para conocer el caso o si corresponde remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en atención a la condición que Carrizo ostentó como vicepresidente de la República hasta el 2024. El exfuncionario llegó a la sala esposado y bajo fuerte custodia policial.
Durante la audiencia, los abogados defensores sostuvieron que Carrizo conserva prerrogativas legales derivadas del cargo ejercido, lo que, a su criterio, obliga a que la CSJ determine la competencia. Aclararon que el planteamiento no responde a una nueva juramentación ni a un cargo vigente, sino a la interpretación del alcance de dichas prerrogativas tras dejar la vicepresidencia, destaca el informe.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Adela Cedeño, rechazó el argumento y afirmó que Carrizo no mantiene fuero ni condición especial alguna, por lo que el proceso debe continuar en el Sistema Penal Acusatorio. Informó además que se solicitó al PARLACEN confirmar si el exvicepresidente conserva algún estatus especial.
La jueza advirtió que, de remitir el expediente a la CSJ sin un pronunciamiento inmediato, Carrizo podría permanecer detenido mientras se define la competencia. También se abordó la existencia de una orden de detención emitida el 26 de enero, así como el monto investigado, que la defensa cifró en $1.9 millones, con base en 13 tomos de informes de la Contraloría.
Tras escuchar a las partes, la jueza decretó un receso para analizar la advertencia de inconstitucionalidad y la documentación presentada. Hasta que este punto sea resuelto, el proceso no avanzará a las etapas de legalización de la detención ni imputación de cargos, manteniéndose vigente la presunción de inocencia del exvicepresidente.