Juristas y sector privado advierten que la decisión limita la transparencia y facilita el uso de sociedades como “testaferros” en licitaciones públicas
La decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no admitir un recurso de habeas data para acceder a la información de los beneficiarios finales de empresas que licitan con el Estado ha reavivado el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y el control ciudadano de las contrataciones estatales, informó este miércoles el diario La Estrella.
El fallo, con ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, se dio en el marco de una solicitud dirigida a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), relacionada con la licitación del Hospital de Mascotas, un proyecto valorado en $14 millones. No obstante, expertos advierten que el precedente aplica para múltiples procesos de contratación pública.
La Corte consideró que la información sobre los beneficiarios finales tiene carácter confidencial y restringido, al tratarse de datos de naturaleza comercial obtenidos por el Estado en el ejercicio de su función reguladora, conforme a la Ley de Transparencia. Además, señaló que dichos datos reposan en el Registro Único de Beneficiarios Finales y no están destinados al acceso público.
Esta interpretación ha sido duramente cuestionada por abogados, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) expresó su preocupación por el alcance del fallo. Su presidenta, Giulia De Sanctis, sostuvo que cuando se trata de contratos financiados con recursos públicos, “la transparencia no debería ser la excepción, sino la regla”, y advirtió que la opacidad debilita la confianza, la competitividad y la credibilidad del país.
El exmagistrado de la CSJ Edgardo Molino Mola explicó que la Corte ha interpretado que el derecho de acceso a la información pública se limita a la gestión estatal y no a datos privados que el Estado custodia por razones regulatorias. Sin embargo, cuestionó el efecto práctico de esta postura: “Es como si se utilizaran las sociedades como testaferros de los beneficiarios finales”.
En la misma línea, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, calificó la decisión como “penosa y absurda”. Su presidenta, Lina Vega, señaló que resulta contradictorio justificar la opacidad en contratos públicos bajo el argumento de protección de información comercial, cuando se trata del manejo de fondos del Estado.
El abogado y experto en gobierno corporativo, Carlos Barsallo, destacó que el control ciudadano en la contratación pública no es accesorio, sino estructural, y criticó que la Corte no explique de qué manera la divulgación de los beneficiarios finales afectaría la competencia o el secreto comercial. A su juicio, el tribunal evitó interpretar normas en tensión y se refugió en una lectura estrictamente formal de la ley.
Por su parte, la exprocuradora Ana Matilde Gómez, cuestionó la falta de avances en materia de transparencia. “¿Qué más debe pasar en el país para que se comprenda la importancia de saber quién se beneficia finalmente de las estructuras mercantiles?”, se preguntó, al advertir que estas pueden ser utilizadas tanto por empresarios honestos como por testaferros de redes de corrupción.
Desde la Asamblea Nacional (AN), la diputada Janine Prado, del movimiento Vamos, afirmó que el fallo deja en evidencia una brecha entre lo que el Estado conoce y lo que la ciudadanía puede fiscalizar. Si bien reconoció que la Corte se limitó a aplicar la normativa vigente, sostuvo que el debate ahora se traslada al Órgano Legislativo. En ese sentido, recordó que presentó el anteproyecto de Ley 245, que busca definir con mayor claridad qué información debe ser pública cuando están en juego recursos del Estado.
La decisión de la CSJ, lejos de cerrar el tema, ha reactivado la discusión sobre la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar mayor transparencia en las contrataciones públicas y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.