El presidente afirmó que el Estado actuará con orden y responsabilidad para proteger los puertos de Balboa y Cristóbal
El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció este viernes tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), una decisión que abre un nuevo capítulo en el debate jurídico y político sobre la administración de los principales puertos del país.
El mandatario reconoció que se trata de una resolución de gran relevancia e impacto nacional, subrayando que el objetivo central del gobierno es proteger un activo que pertenece a todos los panameños.
Mulino recordó que las acciones legales contra el contrato de los puertos de Balboa y Cristóbal existían incluso antes de que su administración asumiera el poder, y enfatizó que no se podían repetir errores del pasado, como ocurrió con el caso de la mina de cobre.
En ese contexto, explicó que desde hace un año el gobierno activó un plan de contingencia, evaluando los posibles escenarios ante el fallo de la CSJ, ya fuera una declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad del contrato.
Precisó que, mientras la decisión no sea oficializada y quede ejecutoriada, se mantendrá un periodo de continuidad del actual operador, Panama Ports Company.
Una vez cumplida esa etapa, indicó que se iniciará un periodo de transición que culminará con el otorgamiento de una nueva concesión portuaria, Mulino señaló que durante varios meses se ha escuchado a expertos para garantizar que el proceso se desarrolle de manera técnica, ordenada y transparente.
Como parte de este proceso, el presidente designó a Alberto Alemán Zubieta como líder y coordinador del equipo técnico encargado de conducir la transición.
Asimismo, solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que se reúna con la empresa concesionaria y expresó su expectativa de que Hutchison coopere, reiteró que el Estado panameño respetará los derechos que le asisten a la empresa, al tiempo que ejercerá su rol fiscalizador.