Ministerio Público investigará presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la administración de justicia; Varela queda fuera por fuero, pero incluye a Kenia Porcell y Rolando López
La Procuraduría General de la Nación (PGN) admitió una querella penal vinculada a las filtraciones conocidas como Varelaleaks, en la que se investigarán presuntos delitos contra la administración de justicia y tráfico de influencias, confirmó el abogado querellante Roiz Navarro.
La admisión procede, en esta etapa, contra la exprocuradora general Kenia Porcell y el exdirector del Consejo de Seguridad Rolando López Pérez. El expresidente Juan Carlos Varela no fue incluido en esta fase debido a que actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y goza de fuero, según explicó la defensa.
La decisión surge luego de que salió a la luz el libro Varelaleaks: Desclasificando a un expresidente, donde el periodista Demetrio Oracilegui recopiló las conversaciones privadas del expresidente Varela, filtradas a través del sitio web Varelaleaks.com en 2019, y las puso a disposición de la opinión pública.
Navarro indicó que la querella penal se sustenta en presuntas conductas que podrían configurar delitos de delincuencia organizada, tráfico de influencias, apología del delito, asociación ilícita, simulación de hecho punible y delitos contra la personalidad interna del Estado. “Esto emerge dentro del contexto de los denominados Varelaleaks”, afirmó.
De acuerdo con los abogados querellantes, la denuncia se basa en una posible injerencia indebida del Órgano Ejecutivo en decisiones judiciales durante el quinquenio anterior. Navarro sostuvo que, de comprobarse esos señalamientos, podrían abrirse debates sobre eventuales nulidades en procesos penales emblemáticos.
“El expresidente tiene un blindaje jurídico. No obstante, si de la investigación surgen pruebas idóneas, la Fiscalía podría iniciar una investigación de oficio”, agregó el abogado, destacando que la admisión parcial no descarta actuaciones futuras.
Los Varelaleaks se conocieron tras la difusión de conversaciones privadas atribuidas al exmandatario, que generaron un debate nacional sobre la independencia judicial, el uso de organismos de seguridad del Estado y la separación de poderes. Es hasta ahora que se concreta el inicio de una investigación formal sobre esas filtraciones, un caso que podría tener implicaciones jurídicas y políticas de amplio alcance.