La empresa acusa al Estado panameño de una campaña sostenida para destruir el contrato portuario
Panama Ports Company S.A. (PPC) informó este martes a través de un comunicado que inició un arbitraje internacional en contra de la República de Panamá, conforme al contrato de concesión vigente y a las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Denunció que durante un año ha sido objeto de acciones abruptas y dirigidas específicamente en su contra por parte del Estado panameño.
En el comunicado, la empresa señaló que la decisión de acudir al arbitraje se produce luego de una campaña estatal enfocada exclusivamente en PPC y su contrato de concesión, que habría causado daños graves y generado riesgos adicionales inminentes, sin que medidas similares se hayan dirigido a otros contratos del sector portuario.
PPC aseguró que, durante más de un año, realizó extensos esfuerzos para consultar y evitar una disputa formal, mientras continuaba operando los puertos y cooperando de múltiples formas con las autoridades.
Sin embargo, sostuvo que el Estado panameño desestimó de manera reiterada sus comunicaciones, solicitudes de claridad y llamados al diálogo, incluso en fechas recientes.
El arbitraje, explicó la compañía, se fundamenta en el contrato de concesión y en un marco jurídico consolidado durante casi tres décadas como un Contrato-Ley, concebido para garantizar seguridad jurídica y estabilidad a largo plazo.
Según PPC, la República de Panamá ha incumplido tanto el contrato como la legislación aplicable, por lo que la empresa solicita una indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, además de otros remedios que considere necesarios, reservándose todos sus derechos.
Como trasfondo del conflicto, PPC indicó que el Estado panameño revirtió posiciones históricas sobre el marco jurídico y contractual, incumplió obligaciones contractuales y promovió o respaldó procesos legales destinados a destruir la concesión, la cual fue adjudicada mediante una licitación internacional transparente.
La empresa también cuestionó un comunicado de prensa emitido por el Poder Judicial la noche del 29 de enero del 2026, tras el cierre de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que se anunciaba un fallo que declaraba inconstitucional la Ley 5 de 16 de enero de 1997, entre otras normas relacionadas con el contrato de PPC. El fallo, que aún no ha sido publicado ni ha entrado en vigor, contradice decisiones previas del máximo tribunal sobre contratos similares.
De acuerdo con PPC, desde la mañana siguiente a ese comunicado, el Estado panameño habría desplegado acciones para tomar el control de las operaciones portuarias, incluyendo visitas inesperadas e instrucciones para permitir acceso irrestricto a activos físicos, comerciales, intelectuales y a información de la empresa, bajo el argumento de ejecutar un plan de transición mediante acciones coordinadas de autoridades estatales.
PPC afirmó que ha continuado operando los puertos e interactuando de manera respetuosa con los representantes del Estado, al tiempo que solicitó sin éxito acceso al plan mencionado y espacios de consulta.
La compañía destacó que, junto con sus inversionistas, ha realizado inversiones en infraestructura, tecnología y desarrollo humano muy superiores a las de cualquier otro operador portuario en Panamá, generando miles de empleos y contribuyendo a posicionar al país como un centro logístico de relevancia mundial.
Pese al inicio del arbitraje y a los acontecimientos recientes, PPC reiteró su invitación al Estado panameño a entablar consultas y brindar claridad con el fin de resolver la controversia.