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Corte Suprema no admite demanda contra medidas precautorias del contralor Bolo Flores

Corte Suprema no admite demanda contra medidas precautorias del contralor Bolo Flores
Corte Suprema de Justicia. Foto, En Segundos.

La acción fue presentada por diputados de la Coalición Vamos y otras demandas similares también fueron rechazadas por el Pleno

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados independientes contra las medidas precautorias que ejerce el contralor general de la República, Bolo Flores, informó el diario La Estrella.

La demanda fue interpuesta por los diputados independientes Janine Prado, Yamireliz Chong, Luis Duke, Lenín Ulate, Alexandra Brenes, Roberto Zúñiga, Jorge González, Jhonathan Vega, Miguel Campos y Yarelis Rodríguez, todos miembros de la Coalición Vamos.

De igual forma, el Pleno de la CSJ no admitió otras demandas de inconstitucionalidad de contenido similar, presentadas en la misma fecha por los abogados Ángel Álvarez, Gonzalo Walker Caballero y Maciel Ramos Cogley, decisiones que también contaron con el salvamento de voto del exmagistrado Cedalise.

El contralor general de la República, Anel Flores.

Las medidas precautorias cuestionadas fueron adoptadas mediante la Resolución 3126-2025 del 23 de septiembre del 2025, que aprobó el reglamento correspondiente. Estas disposiciones se fundamentan en facultades establecidas en la Ley 32 de 1984, específicamente en sus artículos 29 y 31, que otorgan al contralor la potestad de aplicar medidas cautelares en resguardo de los fondos públicos.

“Hoy estamos mandando cautelaciones al Registro Público, a los bancos y al resto de los organismos financieros del país, para asegurarnos que los dineros del país queden por lo menos de alguna forma retenidos hasta que salgan las últimas instancias en la Procuraduría y demás esferas judiciales”, afirmó Flores.

El funcionario añadió que estas acciones se coordinan con la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, en un esquema similar al que ejecutaba la extinta Dirección de Responsabilidad Patrimonial, con el objetivo de cautelar los dineros públicos obtenidos de manera irregular.

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