La trama habría generado identidades ficticias con IA para obtener de forma ilegal más de $1.6 millones en subsidios
Las autoridades italianas desarticularon en el sur del país una presunta red de fraude que utilizaba herramientas de inteligencia artificial para crear identidades falsas y acceder ilegalmente a ayudas sociales, anunció la Guardia de Finanzas, la policía económica de Italia, informó la agencia EFE.
La operación, denominada “Fake Family”, destapó un fraude estimado en $1.6 millones, obtenidos mediante solicitudes fraudulentas de la asignación única universal, un subsidio mensual dirigido a familias en situación de vulnerabilidad y gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS).
La investigación se desarrolló en la provincia de Foggia, en la región de Apulia, y culminó con la detención de cuatro personas.
Según los investigadores, los implicados crearon 59 perfiles ficticios de mujeres de nacionalidad rumana, cada una de ellas supuestamente madre de entre cinco y seis hijos, con el objetivo de maximizar el monto de las ayudas recibidas.
De acuerdo con las autoridades, los rostros y datos personales de estas identidades fueron generados mediante sistemas avanzados de inteligencia artificial.
Tras verificaciones realizadas con los Carabineros y a través de canales de cooperación internacional, se confirmó que las personas no existían.
La red contaba además con la presunta complicidad de un funcionario del registro civil, que habría emitido documentos de identidad y certificados de residencia falsos, así como de un empleado de un centro de asistencia fiscal (CAF) de Foggia, encargado de tramitar las solicitudes ante el INPS.
Para reforzar la apariencia de legalidad, los investigadores detectaron la creación de contratos laborales ficticios en empresas agrícolas de la localidad de Cerignola, además de la activación de tarjetas prepago utilizadas para retirar los fondos obtenidos de manera fraudulenta.
El juez de instrucción del Tribunal de Foggia ordenó el embargo preventivo de bienes vinculados a los sospechosos, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y otros activos, mientras continúa la investigación por presunta estafa agravada y falsedad ideológica en documento público.
En su comunicado, la Guardia de Finanzas subrayó que este tipo de delitos no solo provocan un desvío de recursos públicos, sino que también dañan la equidad y la cohesión social, al perjudicar a quienes realmente dependen de estas prestaciones para subsistir.