El Parlamento aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que flexibiliza el control estatal, ajusta regalías y habilita arbitrajes
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, aprobó una profunda reforma a la ley de hidrocarburos que redefine el modelo petrolero del país, hasta ahora fuertemente estatizado, para permitir una mayor participación de inversionistas privados y extranjeros, informó la agencia EFE.
El cambio se produce en un momento clave, cuando Caracas negocia con Estados Unidos la venta de su crudo bajo un nuevo marco político y económico.
La modificación legislativa recibió luz verde el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza ciertas transacciones con el petróleo venezolano, lo que marcó un giro en la política aplicada durante el primer mandato de Donald Trump, cuando en el 2019 se impusieron sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Tras el secuestro del dictador Nicolás Maduro durante una operación militar estadunidense en Caracas y regiones vecinas, ambos países iniciaron negociaciones sobre el futuro del crudo venezolano, ahora respaldadas por un nuevo andamiaje legal que busca atraer capital y reactivar la industria.
La reforma derogó la normativa que otorgaba a PDVSA el control exclusivo de las actividades de exploración, extracción, transporte, comercialización, exportación y almacenamiento de hidrocarburos.
En su lugar, los artículos 23 y 68 habilitan a empresas mixtas y privadas, domiciliadas en el país, a realizar estas labores.
Hasta ahora, el Estado mantenía la mayoría accionaria en las asociaciones estratégicas de PDVSA con socios privados, además, el artículo 40 permite que el
Estado suscriba contratos con firmas privadas para ejecutar actividades primarias, las cuales asumirán los costos y riesgos, previa demostración de capacidad financiera y técnica y con un plan de negocios aprobado por el Ministerio de Hidrocarburos.
Estos cambios representan una ruptura con la ley de hidrocarburos del 2001 y con la reforma del 2006 impulsada por Hugo Chávez, que reforzó el control estatal sobre el sector.
La reforma también eliminó la reserva estatal de bienes y servicios vinculados a los hidrocarburos. El nuevo artículo 42 permite a empresas operadoras utilizar activos y materiales de PDVSA, así como áreas operacionales delimitadas con autorización oficial, a cambio, deberán pagar a las empresas estatales un porcentaje del volumen de hidrocarburos producido, sujeto a fiscalización.
Durante el debate parlamentario, el diputado opositor Pablo Pérez, de la fracción Libertad, calificó la medida como un avance importantísimo y sostuvo que la excesiva estatización no generó beneficios, además de reclamar compensaciones para quienes sufrieron confiscaciones de bienes.
Otro de los cambios clave afecta al régimen de regalías, aunque se mantiene un tope máximo del 30%, el Ejecutivo podrá fijar los porcentajes aplicables a cada proyecto según su naturaleza, nivel de inversión y competitividad internacional.