Organizaciones aseguran que la medida, solicitada por la promotora del proyecto, pone en riesgo la defensa ambiental
Organizaciones ambientalistas denunciaron un ataque sin precedentes contra la defensa del patrimonio natural y la participación ciudadana, luego del secuestro preventivo de cuentas bancarias, activos y fincas vinculadas a su labor de conservación, una medida solicitada por la empresa promotora del proyecto Puerto Barú, en la provincia de Chiriquí, según información del noticiero TVN Noticias.
Así lo advirtieron representantes del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y de la organización Adopta Bosque, quienes explicaron que la acción legal se enmarca en un proceso civil de secuestro preventivo.
Aunque esta figura no constituye una condena ni una sanción judicial, ha derivado en la congelación total de sus recursos financieros, afectando gravemente su capacidad operativa.
Lilian Guevara, del CIAM, indicó que las organizaciones se enteraron de la medida a través de las entidades bancarias, sin haber recibido notificación formal de un tribunal.
Detalló que el secuestro fue solicitado por la empresa Ocean Pacific Financial Services, vinculada al proyecto Puerto Barú, y que el objetivo sería asegurar activos ante una eventual demanda civil futura.
Guevara sostuvo que se trata de la primera vez que una acción de este tipo se aplica contra organizaciones no gubernamentales ambientales en Panamá y recordó que tanto CIAM como Adopta Bosque han enfrentado previamente querellas penales que consideran parte de litigios estratégicos contra la participación ciudadana.
Por su parte, Chelina Batista, directora de Ciencias de Adopta Bosque, explicó que la medida también incluye el secuestro de cuatro fincas bajo protección y administración de la organización: tres en Darién y una en Chiriquí, que en conjunto superan las 200 hectáreas de bosque.
Estas áreas, precisó, corresponden a zonas de conservación voluntaria de alto valor biológico, sostenidas mediante fondos internacionales y donaciones.
Batista advirtió que el congelamiento de cuentas y el secuestro de las fincas colocan a la organización en una situación de incertidumbre total, dificultando el pago de planillas, servicios básicos y la continuidad de la protección de ecosistemas que, en algunos casos, no cuentan con una categoría formal de parque nacional.
Ambas representantes coincidieron en que la medida constituye una forma de “asfixia financiera” que pone en riesgo el trabajo de conservación ambiental y limita la libertad de expresión y la participación pública en asuntos de interés ambiental.
Sobre el trasfondo del conflicto, Guevara recordó que varias organizaciones ambientales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de nulidad contra el acto administrativo que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Barú, al considerar que no evalúa de forma adecuada los impactos sobre los manglares en el área de David.