El régimen de Netanyahu permitirá que los judíos compren libremente tierras en la Cisjordania ocupada tras dejar sin efecto una ley de 1953 que lo impedía
Las medidas aprobadas por el régimen israelí para expandir su control sobre el territorio palestino de Cisjordania, que ocupa desde 1967, han despertado la alarma entre la comunidad internacional y expertos en derecho, que la consideran una “anexión de facto” de algunas de sus zonas, informó la agencia EFE.
“Comprometen el bienestar de los palestinos, obligándoles a abandonar sus tierras y privándolos de sus propiedades. Tampoco responden a una necesidad esencial de seguridad israelí. Por el contrario, sirven a un proyecto que beneficia ilegalmente a los ciudadanos israelíes en detrimento de los palestinos”, explicó Eitan Diamond, experto del Centro Internacional de Derecho Humanitario (IHL).
Esa batería de medidas choca con los Acuerdos de Oslo y permite, entre otras cosas, que los judíos compren libremente tierras en la Cisjordania ocupada tras dejar sin efecto una ley jordana de 1953 que lo impedía, así como la apertura de los registros de propiedad para facilitar la venta, la ampliación del control israelí sobre Hebrón y la creación de gobiernos locales paralelos para colonos.
Diamond, experto en Derecho Internacional, subraya que la presencia de Israel en Cisjordania fue declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia en julio del 2024, lo que respaldó una resolución del 2024 de la Asamblea General de la ONU, que exigió la retirada israelí antes de septiembre del 2025. “En lugar de poner fin a la presencia ilegal de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, estas medidas la consolidan”, sostiene el abogado.
La ONU y la Corte Internacional de Justicia consideran Cisjordania un territorio bajo ocupación y dan a Israel el estatus de potencia ocupante.
Según ese experto, la ‘ley de ocupación’ (el conjunto de normas del derecho internacional humanitario que regula la administración temporal de un territorio por una potencia extranjera) se basa en la premisa de que las situaciones de ocupación son temporales y obligan al ocupante a administrar el territorio para beneficio de su población civil.
Dado que no tiene soberanía sobre el territorio, la potencia ocupante debe abstenerse de introducir cambios legislativos que favorezcan a sus propios nacionales en el territorio ocupado.
El especialista detalla que las medidas no se justifican bajo las excepciones permitidas por este conjunto de normas, que solo permiten cambios legislativos cuando son esenciales para cumplir obligaciones del ocupante, mantener el orden o garantizar su seguridad.
Invalidar la ley jordana y facilitar que los colonos compren tierras, advierte Diamond, contraviene estos principios y pone en riesgo derechos fundamentales, como “la vivienda, la propiedad, la libertad de movimiento” y la “autodeterminación” de la población palestina en Cisjordania.
Ese experto añade que las medidas suponen una “anexión de facto” de zonas cada vez mayores de territorio palestino al transferir competencias de la Autoridad Palestina a la Administración Civil israelí, lo que contraviene la prohibición de adquirir territorio por la fuerza.
En el mismo sentido, la Autoridad Palestina advirtió de que estas medidas suponen un avance en el intento de Israel de anexionar el territorio, Jordania alertó de que tienen el objetivo de imponer su soberanía y la Unión Europea destacó que violan el Derecho Internacional.
El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este lunes al Gobierno israelí a revertir estas nuevas medidas, que “carecen de validez jurídica y constituyen una violación flagrante del derecho internacional”.
La Unión Europea (UE) también condenó las medidas de Israel. “La Unión Europea condena las recientes decisiones del gabinete de seguridad israelí de ampliar el control israelí en Cisjordania”, indicó Anouar El Anouni, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.