El costo promedio de una brecha asciende a $2,76 millones y las nuevas regulaciones elevan la presión sobre las organizaciones
Más del 40% de las empresas en América Latina ha experimentado fugas de datos confidenciales en los últimos dos años, afectando información de clientes, pacientes, estudiantes y usuarios, según información de estudios regionales.
Sectores como aerolíneas, banca, salud, educación, seguros y telecomunicaciones han multiplicado el volumen de datos personales bajo su gestión, sin embargo, este crecimiento no siempre ha estado acompañado de una mejora proporcional en las capacidades de protección y gobernanza de la información.
De acuerdo con un informe de IBM, el costo promedio de una brecha de datos en la región alcanza los $2,76 millones, con un aumento interanual cercano al 12%, además, una filtración puede tardar más de 200 días en ser detectada y contenida, lo que incrementa los riesgos financieros, legales y reputacionales para las compañías afectadas.
El impacto es particularmente crítico en industrias altamente reguladas, como la aeronáutica, donde los datos deben cumplir simultáneamente con normativas de distintos países, por lo que especialistas advierten que los sistemas manuales y las herramientas tradicionales ya no resultan suficientes para garantizar el cumplimiento.
“El volumen de información y la presión regulatoria exigen soluciones automatizadas, con trazabilidad en tiempo real”, señaló Luis González, Business Development Manager de Nubatech.
A este panorama se suma el crecimiento de las amenazas digitales, entre el 2023 y el 2024 se registraron más de 1.18 millones de intentos de ataques de ransomware en la región, lo que equivale a más de 3,200 ataques diarios.
La escasez de profesionales especializados en ciberseguridad limita, además, la capacidad de respuesta de muchas organizaciones. Expertos coinciden en que la protección de datos ya no es solo un asunto legal o tecnológico, sino un factor clave para la continuidad operativa, la confianza y la reputación corporativa.
“Sin sistemas que automaticen controles y evidencien cumplimiento, muchas empresas simplemente no llegarán a tiempo”, advirtió González.