Elaborarán una serie de propuestas encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección
En la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) de este viernes se recogieron aportes que serán el punto de partida para la instalación de mesas de trabajo que elaborarán una serie de propuestas encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección, informaron medios locales.
Esas mesas de trabajo abordarán la tarea desde un enfoque multidisciplinario, que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La sesión abordó la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección en centros de atención y, particularmente, ante las denuncias relacionadas con el CAI de Tocumen.
Durante esta sesión, en su condición de ministra de Desarrollo Social y presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la ministra Beatriz Carles manifestó que la institucionalización debe ser una medida excepcional, subsidiaria y temporal, no la respuesta ordinaria del Estado.
Reiteró la necesidad de articular acciones que permitan fortalecer las políticas preventivas, comunitarias y de apoyo familiar para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia.
Subrayó que la protección integral de la niñez es una responsabilidad de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la sociedad en su conjunto, familias, organizaciones comunitarias, la iglesia, medios de comunicación y el sector privado.
También se refirió al papel técnico y operativo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), en la ejecución de medidas de protección y supervisión de centros, así como la necesidad de una evaluación permanente de los casos, la promoción de la reunificación familiar y el desarrollo de alternativas a la institucionalización.
Carles hizo un recuento de algunas de las acciones realizadas por el MIDES Social, en el caso del CAI de Tocumen, entre ellas, el traslado temporal de 10 jóvenes adultos al Hogar María Auxiliadora de Chitré, en cumplimiento de la medida de protección ordenada por el Procurador General de la Nación.
Los jóvenes que fueron trasladados, de manera temporal, tienen discapacidades en situación de dependencia, desde muy temprana edad ingresaron al sistema de protección y al llegar a la edad adulta, no cuentan con alternativas familiares. Están en situación de vulnerabilidad y no representan un peligro para la comunidad, por el contrario, requieren del cuidado del Estado y de la solidaridad de la sociedad.
La sesión contó con la presencia de representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), quienes enfatizaron los avances del país en materia de protección de niños y adolescentes, reiterando su disposición de brindar colaboración técnica al Estado panameño en la implementación del Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, fortaleciendo las capacidades institucionales y los mecanismos de protección.