Dos operadores internacionales asumirían temporalmente la gestión mientras se define un nuevo modelo de concesión portuaria
El equipo de gobierno anunció el inicio formal del proceso de transición en los puertos de Balboa y Cristóbal, luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC).
La medida, explicaron las autoridades, busca garantizar una transición ordenada y la continuidad de las operaciones portuarias en ambas riberas del Canal.
Durante una conferencia de prensa, el coordinador de Transición de Puertos, Alberto Alemán Zubieta, informó que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó posesión de las terminales mediante un decreto de ocupación, una figura legal que permite al Estado asegurar la prestación ininterrumpida del servicio mientras se redefine el esquema administrativo.
Por su parte, el director nacional de Puertos, Max Flores, explicó que la hoja de ruta contempla la contratación temporal de operadores internacionales, mientras se desarrolla el proceso para seleccionar a los concesionarios definitivos a través de una futura licitación.
Las autoridades detallaron que el nuevo esquema contempla dos contratos independientes, uno para el puerto de Balboa, en el Pacífico, y otro para el puerto de Cristóbal, en el Atlántico.
Según lo expuesto, esta separación permitirá una gestión más eficiente y la implementación de modelos operativos diferenciados, adaptados a las características de cada terminal.
En el caso del Pacífico, se evalúa la participación de APM Terminals como operador temporal durante un periodo estimado de 18 meses, por lo que las autoridades señalaron que se trata de un operador de primer nivel mundial, cuya experiencia permitiría mantener la estabilidad y eficiencia del sistema portuario panameño durante la transición.
Alemán Zubieta reconoció que PPC puede recurrir a arbitrajes internacionales, pero aseguró que el Estado panameño está preparado para defenderse con firmas legales especializadas, como ha ocurrido en procesos similares en el pasado.
Asimismo, explicó que el decreto de ocupación faculta al Estado a utilizar los equipos portuarios existentes para garantizar la continuidad operativa, aunque posteriormente deberán alcanzarse acuerdos económicos con la empresa propietaria de dichos activos.
Durante el periodo transitorio, el gobierno definirá el modelo que Panamá adoptará para una licitación internacional de largo plazo, y según adelantó el coordinador, se analizan estructuras distintas a las actuales con el objetivo de fortalecer la competitividad y la conectividad logística del país.
En el ámbito laboral, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, reiteró que no habrá despidos, indicó que se aplicará de forma progresiva la figura de sustitución patronal cuando entren los operadores temporales, lo que permitirá mantener los empleos de más de 1,200 trabajadores directos y alrededor de 3,000 vinculados a proveedores durante la transición.
El anuncio se da tras la publicación en Gaceta Oficial del fallo de la Corte, contenido en una sentencia de 69 páginas fechada el 29 de enero del 2026, que dejó sin efecto la Ley 5 del 16 de enero de 1997 y la prórroga otorgada en el 2021.
En su resolución, la Corte concluyó que el contrato limitaba la capacidad soberana del Estado sobre el uso y la gestión de sus recursos.
El presidente, José Raúl Mulino, confirmó que el gobierno mantendrá una estrategia para sostener la operación de los puertos ubicados en las riberas del Canal y destacó que el proceso de transición será manejado directamente por el Estado, dada su trascendencia y sensibilidad para los intereses nacionales.