Consideran justas y acertadas las medidas del Ejecutivo y piden restricciones más severas para defender la economía y el interés nacional
Las medidas impuestas por el gobierno de Panamá contra algunos países de la Unión Europea (UE) que mantienen al país en su listado de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal han recibido el respaldo de economistas y empresarios, quienes las califican como justas y acertadas, informó el diario Panamá América.
A juicio de estos sectores, Panamá ha cumplido con los estándares internacionales de transparencia, recaudación, gestión y control, por lo que consideran legítima la respuesta del Ejecutivo ante lo que califican como prácticas discriminatorias.
Los especialistas no solo avalan la decisión gubernamental, sino que sostienen que las restricciones deberían ser más severas, a fin de garantizar el respeto a la economía panameña y la defensa del interés nacional, argumentan que la permanencia del país en listas fiscales restrictivas afecta su imagen internacional y limita la atracción de inversión extranjera.
Las acciones adoptadas se amparan en la Ley 48 del 26 de octubre del 2016, que faculta al Órgano Ejecutivo a aplicar sanciones en casos de discriminación contra personas naturales o jurídicas, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos de procedencia panameña.
La normativa contempla, además del veto para participar en licitaciones del Estado, la imposición de medidas tributarias relacionadas con la determinación de impuestos sobre dividendos o remesas al exterior, incluyendo pagos por intereses, regalías, comisiones, honorarios u otras rentas generadas en el territorio nacional, conforme a lo establecido en el Código Fiscal.
La ley también otorga a las autoridades la potestad de aplicar medidas migratorias y laborales, incrementar aranceles y suspender el movimiento de carga o pasajeros por vía terrestre, y para ello, se toman en cuenta factores como la nacionalidad de los involucrados y los puntos de origen y destino de las operaciones.
En este contexto, los ministerios de Comercio e Industrias (MICI), Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas (MEF) son los encargados de elaborar un listado, sustentado en un informe técnico, que identifica a las naciones cuyas acciones atenten contra los intereses económicos y comerciales de Panamá, afectando su reputación y su capacidad para atraer inversionistas.
Las sanciones pueden ser revocadas cuando, por la vía diplomática, los países implicados confirmen la suspensión de las medidas contra Panamá y se comprometan a no aplicar prácticas similares en el futuro.
Tras la aprobación de la ley, en el 2018 se emitió un listado de 20 jurisdicciones consideradas discriminadoras, entre ellas Perú, Brasil, Colombia, Francia, Portugal, Chile y Rusia, entre otras.
No obstante, hasta el momento, la única sanción aplicada por el gobierno panameño contra la UE ha sido la restricción para que sus empresas participen en licitaciones públicas, con excepción de España, Grecia e Italia.