La filial de CK Hutchison acusa al gobierno de ocupación forzosa de sus instalaciones, alerta crisis de seguridad jurídica y advierte que la medida pone en riesgo la confianza de inversionistas extranjeros
Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de la multinacional hongkonesa CK Hutchison, acusó este viernes al Estado de ejecutar una “invasión” y “toma forzosa” de sus bienes e instalaciones, tras la ocupación de activos vinculados a la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
En un comunicado difundido, la empresa sostiene que se defenderá en el plano internacional y afirma que las actuaciones oficiales configuran una grave crisis de seguridad jurídica que amenaza la estabilidad de la inversión extranjera en el país.
En el documento, PPC denuncia que este jueves, autoridades estatales irrumpieron sin notificación previa en una instalación privada de almacenamiento, accediendo a documentación propietaria y material protegido por privilegio legal, recopilado en procesos judiciales en curso. La compañía aseguró que había solicitado mecanismos de coordinación para garantizar la custodia de su información confidencial, pero en lugar de ello enfrentó medidas “más graves”, como la ocupación de bienes y el acceso a datos sensibles.
La empresa también acusó al gobierno de desarrollar una campaña deliberada contra su contrato de concesión durante el último año, señalando que el Órgano Ejecutivo habría tenido conocimiento anticipado de un fallo adverso de la Corte Suprema antes de su publicación oficial. Además, cuestionó la emisión de un decreto ejecutivo que ordenó la ocupación de bienes y terminales bajo la figura de expropiación, medida que, según PPC, no estaba contemplada en la sentencia judicial.
El comunicado advierte que la intervención estatal provocó la suspensión de operaciones en ambas terminales, afectando el flujo portuario y generando presiones sobre trabajadores. PPC denunció además, que el control de las instalaciones habría sido transferido a terceros competidores sin transparencia, junto con información legalmente protegida.
Ante lo que califica como una vulneración de obligaciones constitucionales, contractuales e internacionales, la compañía reiteró que acudirá a foros internacionales neutrales para reclamar sus derechos y garantizar la protección de sus inversiones.