Abogados alegan violaciones al debido proceso, debilidades probatorias y limitaciones al contrainterrogatorio
Luego de que la defensa del expresidente Ricardo Martinelli dejara en evidencia presuntas inconsistencias de la Fiscalía en la recolección y sustentación de las pruebas, el proceso judicial por el caso Odebrecht entra en su fase decisiva, a la espera del veredicto final de la jueza Baloisa Marquínez, quien deberá fallar con base en las pruebas evacuadas en audiencia y el principio de la sana crítica, informó el diario Panamá América.
Los defensores sostienen que cualquier decisión que no tome en cuenta estos elementos vulneraría el debido proceso y el derecho al contrainterrogatorio, garantías fundamentales en este tipo de causas penales.
El abogado Alfredo Vallarino señaló que la solicitud de absolución presentada por la propia Fiscalía a favor de al menos cinco personas imputadas por blanqueo de capitales evidencia un manejo deficiente de la investigación, y a su juicio, resulta inaceptable que, tras 11 años de proceso y afectación a la honra de los señalados, se concluya que no tenían relación alguna con el caso.
“Las mismas fiscales que llamaron a juicio a estas personas hoy están pidiendo su absolución”, afirmó Vallarino, calificando la situación como una incongruencia que abre la puerta a cuestionar el resto de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
El jurista destacó que estos hechos refuerzan la importancia del contrainterrogatorio como el principal mecanismo de la defensa para refutar las acusaciones, sin embargo, denunció que en la audiencia ordinaria del caso Odebrecht este derecho ha sido limitado, ya que testigos y colaboradores no comparecieron ante el Tribunal para sustentar sus afirmaciones.
Uno de los ejemplos señalados fue el de Damaris Rodríguez Araúz, quien debía explicar cómo elaboró, en menos de 24 horas, un informe basado en más de 47,000 fojas provenientes de Suiza, Estados Unidos y Andorra, pero no atendió el llamado del Tribunal.
Según la defensa, este desacato contó con el aval de la fiscal Ruth Morcillo, quien durante los alegatos sostuvo que la exfuncionaria no era perito y que los abogados pretendían llevarla a ultranza al Tribunal, no obstante, de forma contradictoria, partes de sus reportes fueron utilizadas para elaborar un peritaje cuyas conclusiones se solicita que sean consideradas para el fallo.
En esa línea, el abogado Basilio González afirmó que Rodríguez Araúz firmó dos documentos incorporados al expediente sin ser contadora pública autorizada, además, señaló que la investigación presenta un vacío desde su inicio, ya que los directivos de Odebrecht, considerados testigos de cargo, nunca se presentaron a la audiencia.
González reiteró que en el expediente existen pruebas que no deberían ser valoradas para emitir sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, debido a que generan más dudas que certezas, principio que favorece al reo, por ello, expresó su expectativa de que la jueza Marquínez actúe conforme a derecho.