La compañía reafirma su compromiso con los derechos de los trabajadores ante la llegada de los nuevos operadores transitorios en Balboa y Cristóbal
Tras la salida de Panama Ports Company (PPC) y la implementación de un nuevo esquema operativo dictado por el gobierno, la empresa Serviestiba reafirmó este miércoles, a través de un comunicado oficial, su continuidad operativa y el blindaje de las plazas de empleo en medio del histórico proceso de transición que atraviesan los puertos de Balboa y Cristóbal.
La compañía aseguró que su fuerza laboral ha asumido este cambio con entusiasmo, garantizando una transición técnica ágil, ordenada y responsable para el sistema logístico nacional.
En el informe, Serviestiba subrayó que mantiene una relación de colaboración estrecha con los nuevos operadores designados por el Estado. La empresa destacó que, como empleador responsable con más de una década de experiencia en el sector, velará por el cumplimiento irrestricto de los derechos consagrados en el Código de Trabajo y la Convención Colectiva vigente.
“La continuidad operativa y la estabilidad laboral constituyen prioridades en esta nueva etapa”, enfatizó la organización, buscando dar tranquilidad a cientos de familias que dependen de la actividad portuaria.
Este proceso de transición se formalizó tras la aprobación de los contratos de concesión transitoria por parte del Consejo de Gabinete a las empresas APMT Panamá, S.A. y TIL Panamá, S.A. para administrar las terminales de Balboa y Cristóbal, respectivamente, por un periodo de hasta 18 meses. Estos acuerdos contemplan contraprestaciones económicas que suman $41.9 millones en favor del Estado, mientras se define el futuro a largo plazo de estas infraestructuras en ambas entradas del Canal.
Con este anuncio, Serviestiba busca consolidar su posición como pieza clave en el conglomerado portuario, asegurando que su trayectoria contribuirá a mantener el ritmo de crecimiento económico del país, pese a los cambios administrativos.
La compañía concluyó que seguirá actuando en estricto apego a la ley y a las decisiones de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), enfocándose en la eficiencia de los servicios que se prestan en las riberas de la vía interoceánica.