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Panamá sanciona ley de acogimiento familiar como protección temporal

Panamá sanciona ley de acogimiento familiar como protección temporal
Presidente, José Raúl Mulino.

La normativa busca garantizar entornos seguros para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, evitando la institucionalización prolongada

El presidente José Raúl Mulino sancionó una nueva ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal para niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se encuentren amenazados o vulnerados, se informó oficialmente.

La normativa, que también lleva la firma de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, establece que el acogimiento será una medida excepcional y transitoria, mientras se define una solución definitiva para cada menor.

El texto legal dispone que el Estado asuma la responsabilidad de supervisar y acompañar a las familias acogentes, garantizando que el interés superior del menor prevalezca en cada decisión. Además, fija criterios de selección, evaluación y seguimiento de las familias, junto con mecanismos de capacitación y apoyo psicosocial.

 

Ministra del MIDES,  Beatriz Carles.

 

Carles de Arango calificó la sanción como un “paso histórico” en la política pública de protección infantil. “Cuando se fortalece la red de protección y seguridad del cuidado en la comunidad, menos niñas y niños son descuidados, abandonados o ubicados dentro de albergues. La mejor manera de atender a esta población vulnerable es desarrollar las capacidades de las familias y las comunidades para su cuidado. Panamá camina en la dirección correcta con la sanción de esta ley”, afirmó la ministra.

Hasta ahora, el acogimiento en Panamá se aplicaba de manera limitada y sin una regulación específica, lo que generaba vacíos legales y dificultades en la coordinación institucional.

Con esta nueva normativa, el país adopta un modelo estructurado que prioriza la permanencia de los menores en entornos familiares seguros, evitando en lo posible la institucionalización prolongada y promoviendo una red solidaria de familias bajo supervisión estatal, destaca el informe.

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