Anteproyecto busca modificar el Código Procesal Penal y limitar recursos tras fallos de inocencia
Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional (AN) propone modificar el Código Procesal Penal de Panamá (Ley 63 de 2008) para declarar inapelables las sentencias absolutorias dictadas en primera instancia, una iniciativa impulsada por el diputado Luis Eduardo Camacho, informo el diario La Prensa.
La propuesta, presentada ante el pleno, plantea adicionar el artículo 169-A al Código Procesal Penal, con el objetivo de establecer que los fallos de los tribunales de juicio que determinen la inexistencia del hecho, la ausencia de autor o la falta de mérito sean considerados definitivos.
De aprobarse, la reforma limitaría la posibilidad del Ministerio Público y de los querellantes particulares de presentar recursos de apelación para revertir decisiones absolutorias, lo que implicaría que, en términos generales, una vez que un tribunal declare inocente a un imputado en el juicio oral, el proceso penal no podría continuar mediante recursos ordinarios.
En la exposición de motivos, Camacho sostiene que la iniciativa busca garantizar el principio de prohibición del doble enjuiciamiento, con el fin de evitar que el Estado someta reiteradamente a un ciudadano al riesgo penal por los mismos hechos luego de haber sido absuelto.
No obstante, el anteproyecto contempla excepciones específicas que permitirían al Ministerio Público impugnar una absolución.
Entre ellas se incluyen casos en los que el fallo se base en la nulidad de una decisión previa, cuando surja una prueba nueva y determinante que no fue conocida durante el juicio, o si se produce una confesión posterior del imputado.
La iniciativa también establece un plazo máximo de 15 días naturales para que el tribunal competente determine la admisibilidad de los recursos presentados bajo estas excepciones, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales.
Hasta el momento, el anteproyecto aún no ha sido publicado en el portal oficial de la AN, aunque se prevé que sea discutido en la Comisión de Gobierno, presidida por el propio Camacho.