El caso se vincula a sobrecostos en proyectos del MOP dentro de la trama Odebrecht, en proyectos como restauración de Patrimonio Histórico y la ampliación de la Ave. Domingo Díaz
La Fiscalía Anticorrupción solicitó al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales una sentencia condenatoria contra el exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, al considerarlo responsable del delito de peculado doloso agravado, informó el Órgano Judicial.
La acusación se enmarca en el proceso por presuntos sobrecostos en los proyectos Patrimonio Histórico y la ampliación de la avenida Domingo Díaz, que habrían generado una lesión patrimonial superior a los $100 millones en perjuicio del Estado.
Durante la sustentación de sus alegatos, la fiscal Ruth Morcillo Saavedra expuso que los sobrecostos fueron incorporados antes de la adjudicación de los contratos, lo que permitió inflar los precios de referencia. Los informes de la Contraloría General detallan que el proyecto Patrimonio Histórico registró sobrecostos por más de $51 millones, mientras que la obra de la avenida Domingo Díaz alcanzó los $47 millones. La Fiscalía también pidió condena para Marcelo De la Rosa, señalado como autor principal directo, y absolución para otros cinco imputados que integraron la Comisión Técnica Evaluadora.

La querella, representada por el abogado del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Alberto Cavalli Yee, coincidió con la Fiscalía en solicitar la responsabilidad penal de Suárez y otro de los procesados, defendiendo los informes periciales de la Contraloría. Al mismo tiempo, pidió la absolución de los cinco integrantes de la comisión evaluadora, al no encontrarse pruebas de colusión con contratistas o autoridades del MOP.
La audiencia continuará con los alegatos de los abogados defensores, quienes serán los últimos en intervenir antes de que el tribunal emita su decisión. El caso se suma a la condena previa de ocho años de prisión que Suárez mantiene por peculado doloso en la ejecución de la autopista Arraiján–La Chorrera, también vinculada a irregularidades.
La investigación forma parte del entramado de corrupción de Odebrecht, cuyo juicio principal concluyó en febrero y aún espera fallo definitivo.
